La Procuraduría aumentó 670% su vigilancia de contratos con la digitalización

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La pandemia impulsó la digitalización de varios sectores, y las entidades públicas no se quedaron atrás. En Colombia, la Procuraduría General de la Nación (PGN) ha trabajado desde 2017 en la modernización del Estado y este año se vieron los resultados, pues su vigilancia de contratos creció 670%.

Con la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por más de US$40 millones, la Procuraduría creó su Unidad de Gestión de Información e Inteligencia con la que se analizan, entre otras cosas, los contratos públicos, información del acuerdo de paz, la Justicia Especial para la Paz (JEP) e información sobre el manejo del covid-19. Además, se deja la información a disposición de la ciudadanía.

Según comentó el procurador general, Fernando Carrillo, este tipo de acciones de las entidades públicas permiten una mayor participación ciudadana y una lucha contra la corrupción.

“Llegamos a la configuración de algo que tiene que alimentar y ser una de las brújulas de la tecnología y la digitalización que es la ética pública, que lo único que busca es no confundir el interés particular con el interés público”, añadió Carrillo.

La Procuraduría ha realizado tres modelos de estrategias analíticas; primero, en materia de contratos, en el que la digitalización permitió pasar de analizar 3.600 documentos en abril a tener una capacidad de análisis de 28.000 contratos en julio. Esto permitió agilizar los procesos notoriamente, y la capacidad creció en 677%.

Además, durante la pandemia se realizó el modelo de analítica con datos sobre el covid-19, en el que han analizado más de 4.000 procesos. Y, en materia de conflicto armado, la Procuraduría General realizó un modelo de analítica de la JEP para monitorear la implementación del acuerdo de Paz.

“Creamos una herramienta analítica y de georreferenciación para hacer seguimiento a los acuerdos de paz. Hemos hecho seguimiento a más de 1.200 proyectos asociados a la implementación del acuerdo cuya suma asciende a más de $3 billones”, dijo el Procurador.

Otro de los proyectos que tiene la entidad es la implementación del BlockChain, una herramienta como un libro de cuentas públicas, para prevenir los actos de corrupción en la contratación. Esta herramienta se ha propuesto para contrataciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

“La publicidad en los procesos contractuales siempre tendrá común efecto en la transparencia, la cadena de bloques permite que la información registrada sea inmutable, y quede como un registro hacia delante en el tiempo. Eso pude ser bastante positivo para llevar la trazabilidad del proceso disciplinario, pero se requiere fortalecer también el control previo y no está, necesariamente, vinculado a la incorporación de BlockChain”, dijo Erick Rincón, presidente de Colombia Fintech.

Otra de las herramientas que se destacó en las acciones para atender a la ciudadanía fue la sede electrónica de la Procuraduría, que ha permitido la radicación de 3.118 conciliaciones administrativas y la realización de más de 15.855 audiencias no presenciales durante 2020.

“Evidentemente, tendrá que darse un cambio cultural para poder llevar a cabo esta digitalización de forma exitosa, este, entre otros, son los retos que tendremos que afrontar pero que solo se podrá llegar a ello con voluntad política e institucional”, comentó Juan Fernando Escandón, socio fundador de Escandón Abogados.

Precisamente, al respecto, la Procuraduría organizó su encuentro de innovación pública Interruptor bajo el lema “desaprender para aprender” con el que invitaron a dejar de lado las viejas costumbres para migrar a la digitalización del Estado.

Durante el encuentro, el Procurador señaló que habrá varios retos: dar voz a la ciudadanía; respaldar las víctimas, la paz y los más vulnerables; armarle una muralla a los corruptos; empoderar a los territorios, y desaprender de las viejas prácticas autoritarias para innovar en la gestión pública.

Otras entidades que buscan transformarse
El Ministerio de las TIC ha acompañado, por su parte, diferentes entidades territoriales en su proceso de modernización y digitalización con la iniciativa Servicios Ciudadanos Digitales, en la que se ha vinculado, por ejemplo, al Ministerio de Vivienda y la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), para reducir los tiempos en procesos de asignación de subsidios de vivienda. La SNR, en compañía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), ha digitalizado procesos como la actualización de la cédula catastral y el cambio de propietario de bienes inmuebles.