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Didier Tavera, director ejecutivo de Fedepartamentos
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La FND planteó revisar la metodología para incorporar variables que tengan en cuenta las capacidades y características de cada territorio, además de los ingresos y la población
El aumento de 23% del salario mínimo para este año, también modificó los valores en pesos utilizados para definir la categoría fiscal de los departamentos. Ante este cambio, la Federación Nacional de Departamentos, FND, planteó la necesidad de revisar el sistema establecido hace más de 25 años.
La entidad señaló que los rangos de la Ley 617 de 2000 se mantienen expresados en salarios mínimos, pero su equivalencia en pesos aumentó este año. Para primera categoría, el umbral pasó de cerca de $242.000 millones a $297.656 millones.
La diferencia representa unos $55.659 millones adicionales frente al límite que se tenía con el salario mínimo de 2025. Para la FND, este comportamiento muestra que la categorización depende también de una variable nacional sobre la que los departamentos no tienen capacidad de decisión.
El efecto también se presenta en las demás categorías. El límite para la categoría especial supera ahora $1,05 billones, mientras que el de segunda categoría llega a cerca de $213.612 millones y el de tercera supera los $105.056 millones.
La FND explicó que un departamento puede aumentar sus ingresos corrientes de libre destinación, Icld, y aun así reducir su equivalencia en salarios mínimos si el crecimiento del recaudo es inferior al aumento del Smlmv.
Por ejemplo, un crecimiento de 10% en los Icld frente a un aumento de 23% del salario mínimo generaría una reducción aproximada de 10,57% en la equivalencia de esos ingresos expresados en Smlmv.
"Después de más de 25 años, consideramos oportuno evaluar, mediante un diálogo constructivo, si su metodología sigue siendo la más adecuada para medir las capacidades fiscales de departamentos con realidades muy diferentes", señaló Didier Tavera, director ejecutivo de la FND.
La Federación indicó que la categorización no representa una calificación sobre el desarrollo o desempeño de los departamentos. El sistema tiene efectos presupuestales y administrativos, entre ellos los relacionados con los límites al gasto de funcionamiento.
Por esta razón, la FND planteó revisar la metodología para incorporar variables que tengan en cuenta las capacidades y características de cada territorio, además de los ingresos y la población.
La propuesta ya había sido incluida por la Federación en su Libro Blanco y en el proyecto de ley de competencias, mientras que la Misión de Descentralización también había señalado la necesidad de revisar el modelo vigente.
"La categorización moderna debe preservar la responsabilidad fiscal, pero también reconocer las diferencias entre departamentos", agregó Tavera, quien señaló que la discusión busca fortalecer las herramientas de gestión y la autonomía de los territorios.
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