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Aunque es ley de la república, la Corte definirá si el proyecto va de acuerdo a la Constitución.
HACIENDA

La Corte Constitucional comenzará a estudiar las demandas en contra de la pensional

lunes, 26 de mayo de 2025

Aunque es ley de la república, la Corte definirá si el proyecto va de acuerdo a la Constitución.

Foto: Gráfico LR

La reforma se puede caer si la entidad da un veredicto en contra; los analistas dijeron que el futuro es incierto, pero que existen los elementos para que la reforma se caiga

Manuel Alejandro Correa

En la Corte Constitucional podría hundirse la reforma pensional. Según analistas, el alto tribunal tendría plazo hasta el 1º de julio, fecha en la que entraría en vigor la nueva ley, para pronunciarse sobre su constitucionalidad.

Esta semana comenzaría el estudio de las demandas interpuestas contra la reforma. Una de ellas fue radicada por la precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, y está en manos del magistrado Jorge Ibáñez.

"Como todas las leyes, cualquier ciudadano puede demandar la reforma ante la Corte, alegando que en sus temas contradice la Constitución. Lo que está pasando es que se formularon más de 100 demandas y más de 40 se admitieron. En las demandas es que se violó el principio de dar el debate necesario", dijo Camilo Cuervo, socio de Holland & Knight.

La reforma se puede caer si la Corte da un veredicto en contra del proyecto. El jurista expresó que el futuro es incierto, pero dijo que existen los elementos para que la reforma se caiga.

La ponencia se debatiría en la Sala Plena por los nueve magistrados del tribunal. Sin embargo, las principales críticas y demandas contra la iniciativa no provienen únicamente del Centro Democrático, sino también de otros sectores que alegan una posible violación de principios constitucionales, como la falta de una adecuada discusión del proyecto. Por esta razón, señalan que hubo vicios en el trámite legislativo, lo cual podría contradecir la Constitución y la ley.

Cabe recordar que la reforma ya fue aprobada como ley de la República. El gobierno oficializó las normas para su implementación mediante el Decreto 514, emitido el pasado 9 de mayo. No obstante, el proyecto enfrenta más de 40 demandas que cuestionan su validez.

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