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Según informó la Contraloría en un comunicado, en estos municipios se contrató la adquisición de equipos de Rayos X digitales y de monitores de signos vitales que no correspondían a los aparatos con tecnología convencional que les fueron entregados por dichos contratos.
En Natagaima y Planadas se establecieron los hallazgo más grandes, equivalentes cada uno a más de $439 millones, pues en ambos departamentos se presentaron las irregularidades por dos equipos de monitoreo y uno de Rayos X. En Ortega, al ser solamente por los dos monitores de signos vitales, el valor fue significativamente menor, aunque ascendió a las suma de $12 millones.
No obstante, el llamado de atención de la Contraloría no solamente iría enfocado hacia los municipios en los cuales las contrataciones irregulares supusieron el hallazgo realizado. En el comunicado, la entidad además indicó que la Gobernación pudo haber evitado la situación si hubiera realizado la contratación directamente.
“Para la CGR, la Gobernación de Tolima pudo haber hecho un solo proceso contractual para adquirir todos los equipos, evitando la suscripción de convenios/contratos interadministrativos y posteriormente una contratación adicional con proveedores, mejorando así las condiciones económicas de dicha compra”, afirmó la Contraloría.
La entidad además solicitó realizar la indagación preliminar en el caso de los municipios Rioblanco, San Antonio y Roncesvalles.
Por esa misma situación el ente de vigilancia dijo que se derivaron dos procesos administrativos sancionatorios a la Gobernación del Tolima, uno de ellos debido a que esta entidad no había atendido “en la forma y oportunidad” las solicitudes de información de esos dos municipios que se le hicieron.
El segundo proceso se refiere a las debilidades en la gestión de los archivos a su cargo, teniendo en cuenta que dicha información debía ser de conocimiento del ente mayor del departamento, y no lo fue cuando se solicitó.
Estos hallazgos hacen parte del total de 154 que la Contraloría había informado en enero sobre 17 gobernaciones y 22 municipios en el segundo semestre 2016, de los cuales se presumía una incidencia fiscal que de $149.156 millones.
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