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Ministerio del Interior, Armando Benedetti; y el Procurador General, Gregorio Eljach
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La revisión se ordenó a partir de una denuncia presentada por la superintendente delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud (e) Edilma Marlen Suárez
En el marco de una rueda de prensa con el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el procurador general, Gregorio Eljach, anuciaron que la entidad adelanta una inspección en la Superintendencia de Salud, con el fin de evaluar las presuntas irregularidades denunciadas por una Superintendencia Delegada en el proceso de intervención de la Nueva EPS, así como en la elección de Jorge Iván Ospina como su nuevo interventor.
El proceso estaría relacionado con una denuncia formal que fue presentada por la superintendente delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud (e) Edilma Marlen Suárez, ante la Procuraduría General y la procuradora delegada para asuntos civiles, Mónica Andrea Ulloa, el 14 de abril, en la cual alegó que la superintendente de Salud ad hoc, Luz María Múnera, expidió una nueva resolución para extender el periodo de intervención sobre la Nueva EPS sin haber cumplido los pasos exigidos por la ley para ese procedimiento.
En la alerta, también indicó que Múnera siguió con el procedimiento de intervención de la entidad, pese a que, en una reunión efectuada el 10 de abril, el Comité de Medidas Especiales recomendó no extender la medida.
A causa de estos hechos, Eljach aseguró que se designó a un equipo de control de la Procuraduría para "verificar la veracidad de lo que se dijo y abrir las investigaciones a quien corresponda". También advirtió que la revisión se efectuará velando por las garantías para todas las partes involucradas, pues "no podemos actuar más rápido".
Entre las razones que argumentó Suárez en su denuncia, se encuentran que, antes de extender el tiempo de intervención de una EPS, la Supersalud debe primero obtener un informe de la Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades de Aseguramiento en Salud, a partir del cual se debe "generar el concepto técnico de adopción y seguimiento a la medida, así como incluir la información complementaria de las dependencias correspondientes”.
No obstante, el proyecto de resolución emitido por Múnera evidenciaba inconsistencias en el cumplimiento de ese procedimiento y, lo más grave, contenía recomendaciones que no habían sido hechas por el comité.
Esto habría conllevado a que se desconociera la obligación que la Supersalud tenía de "adelantar el proceso de control previo a la adopción de medidas especiales, lo cual constituye un elemento esencial para garantizar la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de las decisiones administrativas", según precisó Suárez.
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