La apuesta por la paz: Santos se la juega por el todo o nada

La apuesta de Santos por un diálogo con las Farc es quizá la más alta que haya hecho un jefe de Estado en ese póker, siempre oscuro, siempre frustrante, que se han atrevido a jugar los presidentes con procesos de paz en su periodo, y que salvo el caso de César Gaviria y su acuerdo con el M 19, han terminado en pesadilla.

Ni Betancur ni Pastrana tenían mucho que perder, por varias razones. En el caso del primero, para 1982 el accionar de las Farc era marginal, circunscrito a unas zonas muy lejanas a los polos de desarrollo, y con impactos escasos en la economía general. El propio John Agudelo, consejero de paz de Betancur, aseguraba que parte del país seguía creyendo que ‘Tirofijo’ era una leyenda, que no existía en la realidad. El M 19 era urbano, y en parte por eso venía golpeado del gobierno anterior (las guerrillas en las ciudades son más débiles ante la inteligencia del Estado) y el alcance de sus golpes era más mediático que real.

Pastrana recibió el poder de un presidente muy maltrecho en su imagen, en su credibilidad, y con un aparato militar al cual la guerrilla le estaba infligiendo los golpes más duros en toda la historia (baste mencionar solo uno, el más grave quizá, que fue el de El Billar en el 98 con sus 64 soldados muertos, 19 heridos y los 43 secuestrados -algunos de estos en la selva hasta abril del 2012, tras catorce años de cautiverio-). Con Samper, las Farc incluso se dieron el lujo de asegurar que no deseaban ningún acercamiento con un gobierno tan ilegítimo. Por eso, el anuncio de la reunión con ‘Tirofijo’ se recibió con alborozo y el país entero celebró la posibilidad de un acuerdo con las Farc.

El país de los 80 veía a la guerrilla aún con un atisbo de romanticismo, e inclusive con una cierta justificación a su existencia (el propio Betancur habló de las causas objetivas para que en Colombia hubiera insurgencia). El país de los 90 ya les temía, pero apenas comenzaba a sugerirse su posible relación con el narcotráfico, y también de manera incipiente las Farc empezaban a mostrar los primeros indicios de la criminalización total de sus métodos, el abandono a la doctrina y la ideología para anteponer la opción de la fuerza, el involucramiento de los civiles en su guerra y, colofón de todo lo anterior, su ingreso irreversible en el terrorismo.

Por eso, sentarse a la mesa con las Farc en 1983 y en 1999 no fue particularmente mal visto por ningún sector de la sociedad, ni hubo enemigos desembozados y beligerantes que lo proclamaran como un grave error, y que pudieran cobrar luego el haberlo advertido con antelación.

Las Farc con las que Santos se va a sentar a la mesa son desde el 2002 un grupo terrorista frente a buena parte del orden mundial; han secuestrado a casi 3.500 personas en las dos últimas décadas, la mayoría con fines extorsivos; el mundo pudo ver en imágenes cómo mantenían encadenados a sus cautivos en la selva hasta por 14 años; por concesión del Estado tuvieron un territorio de 42 mil kilómetros cuadrados por tres años, en los cuales el diálogo no avanzó un milímetro, y a cambio de eso la guerra no disminuyó; hacen parte del circuito mundial del narcotráfico, sin que ya nadie lo dude, y son aborrecidos por la totalidad de la población colombiana, aun de los estratos más pobres.

Es tan ostensible que la guerrilla terminó convirtiéndose en el fiel de la balanza de la política nacional, más que la economía, más que la política misma, que en las tres últimas elecciones han sido las Farc las que han incidido en el resultado final: la elección de Uribe en 2002 fue la consecuencia directa del esperpento del Caguán; y sus resultados para contener la insurgencia lo llevaron a repetir en 2006. En 2010, el país votó masivamente frente a la opción que representaba de modo muy claro darle continuidad a ese proyecto. Así, mientras Betancur y Pastrana fueron elegidos para romper con el modelo anterior, Santos recibió un mandato para proseguirlo.

El aborrecimiento a las Farc es tan evidente que, sin que la mayoría lo note, Colombia se ha movido mentalmente hacia una estructura de pensamiento castrense y militarista que se manifiesta de varias formas, desde los pitos de aplauso en las carreteras cuando aparece un soldado, hasta el hecho incontrastable de que desde hace casi una década la institución con mayor popularidad entre los colombianos es el Ejército, según la encuesta bimestral de Gallup. Esa mentalidad ‘cuartelista’ se puede apreciar en fenómenos más difíciles de medir como son una validación inconsciente a que la resolución de problemas se pueda hacer por las vías de hecho, y que cualquier protesta deba derivar hacia situaciones de fuerza.

La omnipresencia de Álvaro Uribe dos años después de haber dejado el poder se explica en todo esto: en un país que compró el discurso de que la seguridad es una dimensión amenazada solo por la guerrilla, que ésta es el principal enemigo contra el cual hay que luchar, y que para contenerlo se debe asumir cualquier costo, inclusive el de tener que pasar por alto (o negar) la infiltración paramilitar en los círculos del alto poder y la corrupción más rampante de un Gobierno en el último siglo, con al menos 10 colaboradores directos del Presidente encartados judicialmente, algunos destituidos por la Procuraduría, otros condenados o con la Fiscalía pidiendo condenas, y hasta con alguno a punto de recibir circular roja de la Interpol, luego de ocho meses de andar fugitivo.

En los procesos de paz anteriores la ultraderecha existía pero era un poco marginal y se mantenía tímida y agazapada; hoy se yergue potente, desembozada y frentera para defender sin eufemismos la opción guerrerista como única salida. Y, también, por primera vez en la historia reciente, para reclamarle al Jefe de Estado el posible fracaso final y, con seguridad, para magnificar los numerosos tropiezos que se van a ir presentando en un diálogo extremadamente difícil porque no es mucho lo que se pueda negociar y porque, con lo visto en el Caguán, las conversaciones para las Farc corren sin ninguna prisa, y sin la menor intención de hacer altos al fuego, o al menos entregar gestos de paz.

Luego de sus fracasados intentos pacificadores, Betancur y Pastrana se convirtieron en ex presidentes en el ostracismo, con voces sin mayor validez en la política y ni siquiera ascendiente sobre sus grupos políticos, y aun menos con opción de legar sus caudales políticos a nadie. Estadistas sin incidencia y sin herederos.

Con su decisión de abrir un diálogo, Santos le concede más que nunca la ocasión a las Farc de incidir (decidir) en quién será el presidente del 2014, y qué ideología deba administrar al Estado por las próximas décadas. Sin duda es la apuesta más alta de todas. Sobre todo cuando hay voces tan potentes y con tantos intereses en que todo se resuelva mal.