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Formalización de tierras
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Se han destinado $36.000 millones adicionales, de lo que viene ejecutando la ANT, para el fortalecer la adjudicación de predios
Durante el Consejo de Ministros realizado el lunes 3 de marzo, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, comentó acerca de los avances y la apuesta por la formalización de tierras con el fin de garantizar la estabilidad de los campesinos y evitar desplazamientos forzados.
La ministra destacó que la Agencia Nacional de Tierras, ANT, cuenta con siete equipos dedicados a este proceso y se han destinado $36.000 millones adicionales para fortalecer la adjudicación de predios.
Según explicó Carvajalino, estos recursos permitirán avanzar en tres líneas principales: la adjudicación de baldíos, la formalización de bienes en procesos de propiedad privada y la regularización de terrenos en áreas protegidas bajo la Ley Segunda. Además, hizo énfasis en la importancia del Decreto 180, el cual facilita la formalización de tierras a campesinos que decidan sustituir cultivos de uso ilícito.
“Esto va a permitir que los campesinos tengan un título, aseguren su relación de tenencia y accedan a programas que les ayuden a reemplazar los cultivos ilícitos por proyectos productivos”, afirmó la ministra. En este sentido, el Gobierno busca incentivar cultivos como el cacao y el café, asegurando que los productores cuenten con infraestructura adecuada para la comercialización.
Adicionalmente, se destinará $15.000 millones para la ampliación y saneamiento de resguardos indígenas y territorios colectivos, principalmente del pueblo Barí, con el fin de recuperar la gobernanza sobre estas tierras. También se han asignado $30.000 millones para la adquisición de predios destinados a la población reincorporada, cumpliendo así compromisos en materia de restitución y estabilización territorial.
El plan de formalización está articulado con otras estrategias de fortalecimiento agropecuario. La Agencia de Desarrollo Rural trabaja en la comercialización de productos y el abastecimiento de regiones afectadas por el conflicto, con un presupuesto de $20.000 millones para la compra directa a productores y la distribución de canastas alimentarias.
Asimismo, se han destinado $27.000 millones para impulsar la acción colectiva en zonas rurales y facilitar la transición hacia modelos productivos legales.
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