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Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM
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Se presume que el ataque habría sido perpetrado por grupos al margen de la ley que se benefician de extracción ilícita de minerales
La Asociación Colombiana de Minería rechazó el ataque terrorista en contra de Mina de Buriticá e hizo un llamado a atender la problemática de la minería ilegal en el país.
“La ACM le exige categóricamente al Gobierno Nacional tomar medidas inmediatas y contundentes, para garantizar la seguridad en zona y proteger las operaciones legales y la vida de los colaboradores. Es necesario fortalecer la seguridad, combatir las redes criminales y garantizar la estabilidad en el territorio”, afirmó Juan Camilo Nariño, presidente de la asociación.
Se presume que el ataque a la mina, operada por Zijin Continental Gold, habría sido perpetrado por grupos al margen de la ley que se benefician de la extracción ilícita de minerales.
La ACM comentó que lo presentado en la madrugada del sábado no es un hecho aislado. Por el contrario, expresaron que en menos de un mes ya se han presentado ataques a operaciones mineras, lo que evidencia "un patrón de violencia sistemática para controlar los recursos y perpetuar la ilegalidad en los territorios".
Nariño mostró su inconformismo por la impunidad con la que estas estructuras operan ya que, en palabras del presidente y dijo que estos hechos buscan debilitar el orden institucional y la confianza en el Estado.
"Es inaceptable que los grupos ilegales sigan actuando con total impunidad, poniendo en riesgo no solo la vida y la seguridad de los trabajadores, sino también la estabilidad económica de comunidades enteras que dependen de la minería legal. Estos ataques no solo buscan despojar al país de sus recursos, sino que también debilitar el orden institucional y la confianza en el Estado”, dijo el presidente.
Sobre el ataque en Buriticá, la ACM informó que incluyó explosiones dirigidas a la subestación eléctrica y obligó a detener la operación de la mina. Así mismo, el saldo tras el ataque es de una persona herida y afectaciones a la estructura. Los ataques afectan a 1.500 empleados directos, 2.500 contratistas y 12 empresas de formalización minera.
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