“Todos los estratos, puede ser del 1 o el 6, pagan el mismo valor por el internet”

Hace unos días el Gobierno radicó el proyecto de ley “internet solidario”, que en líneas generales propone que el internet sea considerado un servicio público en Colombia. El proyecto busca cerrar la brecha digital, pues se estima que al menos 20% de la población está en la “pobreza digital”.

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El ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Julián Molina, en Inside LR dijo que el Gobierno busca cómo fortalecer la denominada infraestructura crítica, que son todos los proyectos que garantizan la cobertura y calidad de los servicios TIC.

¿Qué buscan con el proyecto de ley de justicia social digital?

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Hoy existe un problema estructural y es que todos los estratos, puede ser del 1 o el 6, pagan el mismo valor por el internet. Vemos personas que tienen unos ingresos entre $200.000 y $500.000 para pagar un internet de $70.000, que es el valor promedio de la tarifa mensual, es decir, tienen que invertir aproximadamente 30% o 35% del total de sus ingresos.

Eso es decidir entre buscar la plata del transporte, buscar la plata del mercado y buscar recursos para otras cosas más esenciales y más importantes, mientras que para el estrato alto, el internet sólo les cuesta aproximadamente 0,5% de sus ingresos.

Buscamos encontrar una solidaridad en los estratos altos para que de alguna manera podamos nosotros cerrar la brecha digital, y acabar la pobreza digital que está en 20% de la población.

¿Qué pretenden modificar con el proyecto?

Queremos que los operadores entreguen a las personas con menores recursos unos planes especiales, con unos costos menores de los que ofrecen actualmente. Estamos buscando una tarifa de equidad, que se ofrezcan unos planes que van a ser estudiados por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), y con esto cobrar una tarifa diferencial al estrato 1.

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La Constitución dice que esa tarifa tiene que tener algunas utilidades, y claro que las va a tener, pero no pueden ser ostensibles porque finalmente lo que se busca es siempre el acceso social.

Lo último que queremos es que el estrato 5 y 6 pague $22.000 adicionales a su tarifa, y con esto se puedan financiar a los más necesitados, y me refiero a las personas que están inmersas en el Sisben A, eso es digamos que una especie de subgrupo del estrato 1.

¿Qué significará que el internet pase a ser considerado como servicio público?

Es que hoy las facultades de inspección, vigilancia y control que tiene el ministerio son de alguna manera difusas. Por un lado en la Superintendencia de Industria y Comercio para el consumidor, y por otra está MinTIC. En cuanto a regulación está la CRC ¿Qué significa esto? Que las protecciones son exiguas. Nosotros necesitamos tener real control de la fibra óptica, real control de todas esas herramientas de infraestructura crítica que al final son las herramientas que nos prestan el internet, o que nos permiten ser usuarios del internet.

Nosotros no tenemos ninguna potestad frente a los servicios públicos domiciliarios, que si están concentrados en la Ley 142. Con este proyecto estamos diciendo: nosotros necesitamos esas potestades porque el internet fijo tiene las mismas características que tienen los servicios públicos domiciliarios.

¿Esta medida se asemejaría al tema de los subsidios de energía? ¿Generaría problemas fiscales?

Lo que está planteando el MinTIC en materia de internet no pasa por el fisco. Nosotros tenemos unos recursos que entran de lo que pagan los operadores por la venta del espectro. Esos recursos se invierten en infraestructura y en conectividad digital.

El proyecto de ley lo que hace es que el estrato 5 y 6 pague esos $22.000 pero sin pasar por el fisco. Son los mismos operadores los que recogen el dinero y ellos mismos lo aplican al Sisben A, lo que no tendría ningún hueco fiscal latente.

La diferencia de este subsidio es que esto es inclusión productiva. Es decir, cuando usted le lleva internet a las personas les genera un ingreso adicional. El Banco Mundial ha dicho que cuando las personas tienen una conexión apropiada y real en sus casas, pueden tener inclusive 20% más en su ingreso monetario.

¿Cómo incidiría la medida en la economía colombiana?

Si la brecha se cierra, el Producto Interno Bruto tendrá aproximadamente 3,2 puntos adicionales, la productividad se ampliaría a 2,6%, y los empleos digitales llegarían aproximadamente a 250.000. Invertir en el internet no es un hoyo negro, al contrario, es una inclusión productiva que le genera ingresos reales a las personas, empresas y a las industrias.

¿Cómo está incidiendo la inteligencia artificial en el PIB?

Colombia está dentro del top tres de países que más invierten en IA. Solamente estamos abajo de Brasil y México.

Adicionalmente, hemos mapeado que siete de cada 10 empresas en el territorio colombiano están usando la inteligencia artificial, y nuevas tecnologías para temas como el marketing digital y la atención a sus clientes. Además 54% de las empresas ha dicho que van a invertir más recursos, el año entrante, que lo que han venido invirtiendo en materia de IA.

El Presidente dijo que reviviría Telecom a través de la reestructuración de Internexa ¿Ya se inició el trámite?

A la fecha la reestructuración de Internexa no se ha iniciado. Lo que se pretende desde el gobierno es reivindicar unos derechos que fueron vulnerados cuando se acabó Telecom, y esos derechos de los trabajadores se buscan reivindicar con la empresa pública.

Internexa es una empresa pública de mayoría accionaria de Ecopetrol, y a partir de ahí queremos que Internexa sea la nueva Ecopetrol. Internexa es una empresa que desarrolla fibra, es decir, que entrega todo lo que tiene que ver con las herramientas y la infraestructura digital, que nos permite el internet.

La misionalidad de Internexa no va a cambiar, lo que sí va a cambiar es su nombre, como una etapa de reivindicación de los derechos de los trabajadores de Telecom.

¿Cómo van los proyectos de conexión de fibra óptica con Asia y otros países?

En el último viaje a China se propuso desplegar un cable transoceánico. Ese cable nos daría a nosotros soberanía sobre los datos que tenemos acá. El cable iría de China a Sidney, y de Sidney al Pacífico. Eso empataría con lo que estamos haciendo con Brasil y el Amazonas.

Buscamos que Brasil despliegue la fibra desde el río Amazonas y conectarlo con Putumayo. Esta iría hasta Buenaventura y de ahí hacia el Pacífico.

Tenemos el convenio con Internexa, y los estudios de diseño nos cuestan aproximadamente $20.000 millones.

No sabemos cuánto puede costar la fibra que vamos a desplegar desde Puerto Asis, hasta Buenaventura, pero creemos que pueden ser unos US$100 millones, pero solo lo podemos saber una vez tengamos los estudios preliminares de diseño.

¿Cómo recuperarán el control de la infraestructura digital?

Estamos desplegando fibra óptica con nuestros propios recursos. Hemos llegado a unos convenios con las gobernaciones y con Internexa, que es la empresa pública que desarrolla infraestructura y la fibra, para que lo que se esté construyendo nuevamente sea propiedad del Estado, de manera que nosotros como gobierno podamos controlar las redes de fibra óptica.

El perfil

Es abogado con una trayectoria destacada en el sector público, amplia formación en derecho, y experiencia en regulación y gerencia. Es especialista en contratación estatal y magíster en derecho constitucional de la Universidad de la Sabana. Su hoja de vida combina experiencia en las ramas judicial, legislativa y ejecutiva, ocupando roles clave como superintendente de Subsidio Familiar, ministro encargado y jefe asesor de despacho en el Ministerio TIC. Desde septiembre de 2024 se desempeñaba como gerente del Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom y docente de la Universidad de La Sabana.