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Según García, como consecuencia de la caducidad del contrato no habría cabida a indemnización para el contratista, la Unión Temporal Segundo Centenario (Utsc), que tenía a su cargo el megaproyecto que intentaba unir al país con el Puerto de Buenaventura.
Esta audiencia se constituía como la reunión número once entre el contratante y Utsc, para definir cuál sería el futuro del proyecto después de que se hubieran incumplido los plazos de entrega pactados para el 30 de noviembre del año pasado. Según Invías, el proyecto tenía hasta hoy un avance solo de 74%, cuando ya debía haber estado construido el año pasado.
El Invías, también, solicitó que se haga un dictamen pericial financiero para que se establezca cuáles son los impactos que podría generar esta caducidad y si se necesitará o no una inyección de recursos adicionales.
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