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Esta iniciativa aparece en medio de la pelea que tiene enfrentados a los gremios de taxis con los usuarios de plataformas como Uber.
El representante a la Cámara, Carlos Correa, explicó que el proyecto contempla la creación de una herramienta tecnológica conectada a las autoridades competentes, para que de manera efectiva el usuario pueda presentar su queja, para lo cual deberá demostrar, a través de video, audio, fotografía y/o testigos, la irregularidad. De comprobarse la situación, las instituciones podrá sancionar a los conductores con multas pedagógicas o con hasta 10 salarios mínimos mensuales.
En cuanto a las empresas, la iniciativa legislativa le otorga facultades a la Superintendencia de Puertos y Transporte para sancionar con hasta 100 salarios mínimos mensuales ($68,9 millones). En tanto, Correa explicó que para mejorar el servicio también se buscará la implementación de capacitaciones a los conductores en idiomas, atención al usuario, primeros auxilios, manejo defensivo y seguridad. Otra novedad es la pérdida de la licencia de conducción por reincidencia.
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