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Germán Ávila, ministro de Hacienda
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El anuncio también se produce mientras el denominado pacto por el crédito, firmado en 2024 entre el Gobierno y el sector financiero, aún está en ejecución
El ministro de Hacienda convocó a la cúpula bancaria del país para comunicar una decisión que ha desatado un nuevo pulso entre el Gobierno y el sistema financiero. Este lunes 23 de febrero, el jefe de la cartera económica se reunirá con los presidentes de las principales entidades para notificarles el decreto que establecerá inversiones forzosas, una figura que obligaría a los bancos a destinar parte de sus recursos a líneas específicas de crédito, según lo dio a conocer La FM.
La cita, que se realizará en Bogotá, ocurre en medio de un ambiente de tensión. El anuncio de la medida ha generado reparos tanto en el sector financiero como entre economistas y exministros de Hacienda, quienes alertan sobre posibles efectos en el costo del crédito y en el ahorro de los colombianos.
Y es que el ministro Germán Ávila ya había planteado la posibilidad de recurrir a inversiones forzosas en el contexto de una eventual emergencia económica. En ese momento, explicó que la decisión buscaría asegurar recursos para atender la demanda de financiación en medio de la ola invernal y respaldar la meta oficial de recaudar 8 billones de pesos.
“Con el objetivo de garantizar recursos suficientes para atender la demanda de crédito”, señaló entonces el funcionario al referirse al mecanismo. Según precisó, los recursos podrían canalizarse a través de entidades como Bancóldex y Findeter, además de contemplarse la creación de líneas con tasas compensadas para sectores estratégicos.
Las tasas compensadas implican que el Estado asume una parte del interés del crédito, de modo que el empresario o beneficiario final paga una tasa menor. La intención oficial es abaratar el financiamiento productivo en un contexto de mayores costos.
La discusión cobró nuevo impulso tras el aumento del salario mínimo en 23,7%. El Gobierno considera que el incremento puede presionar los costos de las pequeñas y medianas empresas, por lo que estudia un paquete de apoyo que incluye la ampliación del crédito de fomento.
En ese marco, el ministro reiteró que el Ejecutivo analiza imponer inversiones obligatorias al sistema financiero. “Estamos trabajando con Banco Holdings e incluso estamos considerando la oportunidad de algún tipo de inversión forzosa del sistema financiero para masificar este esfuerzo de generación de crédito de fomento para la pequeña y mediana industria”, afirmó.
La apuesta oficial es facilitar liquidez a las empresas que podrían enfrentar mayores cargas laborales, evitando que el ajuste salarial se traduzca en menor producción o empleo.
El anuncio también se produce mientras el denominado pacto por el crédito, firmado en 2024 entre el Gobierno y el sector financiero, aún está en ejecución. El acuerdo buscaba incrementar los desembolsos hacia sectores productivos durante 18 meses.
De acuerdo con cifras oficiales, entre septiembre de 2024 y comienzos de 2026 se han desembolsado más de $214 billones, lo que equivale a cerca de 84 % de la meta trazada. Vivienda e infraestructura ya superaron el objetivo previsto, mientras que manufactura, agro, turismo y economía popular avanzan entre 77% y 83%.
Las advertencias del sector financiero
Desde la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, consideran que imponer cupos obligatorios puede alterar el funcionamiento del mercado de crédito.
En un comunicado, advirtió que “las tasas promedio de colocación podrían aumentar entre 50 y 100 puntos básicos” si se implementa la medida. Además, estimó que el crecimiento económico podría reducirse en alrededor de 0,3 puntos porcentuales.
La asociación también alertó sobre riesgos para la estabilidad del sistema: “Obligar a la banca a colocar recursos sin considerar criterios técnicos puede afectar la estabilidad financiera y la confianza de inversionistas, tanto locales como internacionales”. En esa misma línea, sostuvo que “la estabilidad es un activo que el país no puede poner en riesgo” y recordó que las entidades administran el ahorro de millones de colombianos. “Prestar sin criterios técnicos no es audacia, es irresponsabilidad”, subrayó el gremio.
Para la distribución de mayoristas, el margen máximo reconocido será de $382,75 por galón y el de minoristas de $1.288,86/galón
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