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Ecopetrol informó que los dos ataques afectaron el campo Tibú, ubicado en el departamento de Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, con una producción de 1.800 barriles de petróleo diarios.
"Ecopetrol rechaza los atentados perpetrados en contra de un equipo de reacondicionamiento de pozos y una estación del Campo Tibú, Norte de Santander, que pusieron en riesgo la vida de los trabajadores y de las comunidades vecinas", dijo un comunicado de la empresa que produce unos 750.000 barriles de petróleo diarios.
Fuentes militares y de la policía responsabilizaron del ataque, que no dejó víctimas, a la guerrilla, pero no precisaron si fue cometido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) o el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los dos grupos insurgentes tienen presencia en la zona.
El presidente Juan Manuel Santos, quien el jueves asumió un segundo mandato de cuatro años después de ganar la reelección en junio, advirtió a las Farc que el diálogo de paz que mantienen en Cuba desde finales del 2012 puede romperse si el grupo rebelde continúa con sus ataques que han afectado a la población civil.
Ese grupo guerrillero y el más pequeño ELN, ambos considerados como organizaciones terroristas por Estados Unidos y la Unión Europea, iniciaron hace varias semanas una escalada de ataques contra oleoductos, torres de energía, instalaciones petroleras, carreteras, acueductos y las Fuerzas Armadas.
En algunas de esas acciones han muerto civiles, mientras que varios pueblos han quedado sin agua, sin energía eléctrica, incomunicados por vía terrestre y con sus ríos contaminados con petróleo.
Santos, un economista de centro derecha próximo a cumplir 63 años, busca firmar un acuerdo de paz con las Farc para poner fin a un conflicto interno de medio siglo que ha dejado más de 200.000 muertos y millones de desplazados. El mandatario también busca iniciar una negociación con el ELN.
La firma de un acuerdo de paz y el fin de la confrontación permitiría un mejor desempeño a la cuarta economía de América Latina, de acuerdo con el Gobierno y analistas.
No contar con los recursos paralizaría 55 proyectos orientados a mejorar la infraestructura en regiones que demandan una mejor conectividad
Para cumplir con ese objetivo, se implementarán alrededor de 10 frentes de obra nuevos y se incrementará el número de trabajadores de 1.200 a cerca de 4.000 de forma gradual
Haberlo aprobado proyecto significa el blindaje jurídico para continuidad de 11.180 procesos fiscales aduaneros y 1.840 procesos oficiales
