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Coyuntura energética en el país
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Asocodis alega que el gobierno solo aportó $100.000 millones a deuda con distribuidoras; de $2,8 billones a $2,7 billones en febrero
El sector energético colombiana atraviesa una realidad apretada financieramente, que ha puesto sobre la mesa la posibilidad de un apagón en algunas regiones del país. Los gremios alegan que el impago a las distribuidoras de los subsidios a la prestación del servicio ha puesto en jaque al sector.
El no pago de los subsidios, según Asocodis, hacen referencia a aportes realizados a los estratos uno, dos y tres que se financian con aportes (20% de la factura de energía) que ya realizan los estratos altos (cinco y seis) y el sector industrial y comercial más los aportes que otorga la Nación, planeados en el Presupuesto General de cada año.
Estos aportes no son iguales para todos los estratos. El subsidio para el estrato uno cubre hasta 60% del costo unitario de energía eléctrica, 50% para el estrato dos y 15% para el estrato tres.
De acuerdo con José Camilo Manzur, director ejecutivo de Asocodis, gremio que agrupa a los distribuidores de energía en Colombia, hasta febrero de este año, el gobierno solo ha aportado con $100.000 millones a la deuda que tiene con las distribuidoras; se pasó de $2,8 billones a $2,7 billones en un mes.
"La crisis que está atravesando el sector es por el tema de los subsidios. La opción tarifaria tiene un esquema de recuperación pero los subsidios no. A hoy, la deuda asciende a $2,7 billones", señaló Manzur.
Sobre la opción tarifaria, Manzur aclaró que, a pesar de que el Gobierno anunció en mayo de 2024 que asumiría la deuda por este concepto, no tiene la obligatoriedad de correr con este gasto al ser una deuda de los usuarios.
"Se trata de instrumentos que se utilizan para evitar impactos significativos sobre el consumidor final, que la deuda alcanzó $5 billones por efecto de la pandemia y que hasta febrero se ubica en $3,1 billones", agregó el director.
Andesco también expreso su preocupación por el no pago de los subsidios de energía. Camilo Sánchez, su presidente, comentó que en caso de que el Gobierno no se encargue de dichos recursos, las distribuidoras tendrán que aplicar la tarifa plena al consumidor.
"Si se llega a esta situación, el incremento en las tarifas podría ser superior a 140%", agregó Sánchez.
El impuesto de seguridad fue una idea del gobernador del departamento, Juvenal Díaz y ya fue aprobado en primer debate de la Asamblea Departamental y está pendiente por realizarse el segundo debate el primero de abril.
Se trataría de una sobretasa que se reflejaría en las facturas de energía de los estratos tres, cuatro, cinco y seis. Se propuso un cobro por tasa de 0,13% de una UVT por cada kilovatio hora consumido, equivalentes a $66,3.
Sin embargo, desde el Gobierno Nacional y las agremiaciones energéticas del departamento rechazan la medida en tanto que "afectaría el desarrollo económico y social del departamento". Gustavo Petro se refirió al respecto y dijo que es un impuesto regresivo que afectará tanto a propietarios como arrendadores de vivienda
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Jorge Emilio Rey también aseguró que van a buscar fortalecer las jornadas de vacunación. "Se entregarán 4.000 dosis adicionales a las 3.000 que ya existen en los puestos de salud", afirmó
