MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Agregue a sus temas de interés
El senador Álvaro Uribe aseguró que confía en que se podrá hacer un ajuste arancelario que procure el mejor nivel de consenso
Tras la polémica suscitada por la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo que busca introducir aranceles a las importaciones textiles, representantes de la Cámara Colombiana de Confecciones, encabezada por Guillermo Criado, se reunieron con el senado Alvaro Uribe; el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón; y el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo.
El eje de la discusión se centra en la medida que pretende que se imponga un arancel de 37,9% cuando las importaciones de confecciones que ingresen al país sean por valor inferior o igual a US$20 por kilo y de 10% ad valorem más US$3 para precios por kilo a partir de US$20. Ante la propuesta de introducirla en el Plan de Desarrollo, múltiples sectores aseguran que sería inconstitucional.
"Estamos buscando medidas en pro del empleo nacional, hemos perdido 600.000 empleos en los últimos años y le estamos pidiendo medidas al Gobierno para que favorezca a quienes generamos empleo en Colombia. Nosotros hacemos un llamado a los medios y gremios que están defendiendo a los importadores, porque estamos buscando es el bienestar de los colombianos", aseguró Criado.
Tras el encuentro, el jefe de la cartera de Comercio, quien no se ha pronunciado al respecto, se dispuso a continuar conversando con los textiles con el fin de escuchar sus preocupaciones.
"Yo diría que el trabajo que van a reiniciar ahora el señor ministro, el señor criado y los demás gremios deben traerle al país un acuerdo más aproximado posible", aseguró por su parte, el senador del Centro Democrático Álvaro Uribe, quien indicó que confía en "que se pueda hacer un ajuste arancelario que procure el mejor nivel de consenso".
Para determinar los cobros adicionales en la próxima factura se basará en la lectura del consumo de abril y los últimos tres meses
El documento busca garantizar la continuidad de los afiliados tras la intervención administrativa a las EPS que hizo el Gobierno
Autoridades locales calculan que son cerca de 80.000 personas las que participaron en marcha contra el Gobierno en la Capital
