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Ante este escenario, el mandatario sostuvo que su Gobierno tomó “otro camino” y que ahora será el pueblo quien decida.
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“La Constitución de Colombia permite que el pueblo decida directamente a través de una consulta popular”, afirmó el mandatario
En medio del debate sobre la reforma laboral y la de salud, el presidente Gustavo Petro anunció que su gobierno convocará una consulta popular para que sea la ciudadanía quien defina el futuro de estos proyectos.
“La Constitución de Colombia permite que el pueblo decida directamente a través de una consulta popular”, afirmó el mandatario durante una alocución presidencial, agregando que esta será la vía para enfrentar la negativa del Congreso a aprobar estas reformas.
El presidente Petro criticó la postura de la Comisión Séptima y acusó a sus miembros de engañar al Gobierno, a la Cámara de Representantes y a la ciudadanía. “Eso es lo que ha querido hundir la Comisión Séptima con engaños”, afirmó.
Ante este escenario, el mandatario sostuvo que su Gobierno tomó “otro camino” y que ahora será el pueblo quien decida. “Nuestra convocatoria a un gran acuerdo nacional, al que invitábamos al empresariado y a la oposición, ha fracasado”, señaló, acusando a estos sectores de burlarse de la iniciativa.
Para el presidente, la consulta popular es la única alternativa frente a lo que calificó como un “bloque institucional que actúa como una dictadura”. “Hay que hacer una convocatoria al pueblo, no solo a movilizarse, sino a decidir”, insistió.
También denunció que su gobierno ha enfrentado “burlas” y la oposición de “grandes poderes de la oligarquía” que buscan frenar las reformas y “mantener el orden injusto” que dejó la pandemia. “Un orden que nos ha llevado a ser el país más desigual y uno de los más violentos”, afirmó.
Petro insistió en que las reformas “no son un capricho”, sino propuestas discutidas e implementadas en otros países. “Fracasó la idea de 1933 de que el mercado, por sí solo, garantizaría los derechos fundamentales”, señaló. Advirtió que, sin una reforma pensional, solo una minoría podrá acceder a una pensión en Colombia.
El mandatario criticó la influencia de intereses privados en el Congreso, asegurando que “algunos congresistas están viciados por la codicia porque reciben dinero de quienes les están quitando los derechos al pueblo, como sucedió con el dueño de Colsanitas, rompiendo por completo la Constitución”.
Ante la posible caída de las reformas en el Legislativo, Petro insistió en que el pueblo debe decidir. “El pueblo debe decidir si quiere la reforma pensional, laboral y de salud o no”, afirmó. Sostuvo que esta decisión es “escoger entre ser esclavo o digno” y anunció: “Hemos convocado al pueblo a las calles a movilizarse”.
“El Gobierno convocará una consulta popular”, anunció el presidente. Explicó que, una vez aprobada por el Senado en plenaria, la consulta será obligatoria y deberá realizarse en un plazo de tres meses. “El presidente de Colombia presentará la convocatoria para las reformas sociales que implican justicia social en el país”, aseguró.
Finalmente, Petro hizo un llamado a la ciudadanía a participar activamente en este mecanismo. “Movilizarse y votar en la consulta popular” será clave, afirmó, pues definirá si el país “quiere ser esclavo o libre en el trabajo productivo”.
El anuncio del presidente se da luego de que la Comisión Séptima del Senado radicara una ponencia de archivo contra la reforma laboral, liderada por el senador Miguel Ángel Pinto. La decisión fue respaldada por ocho congresistas: Pinto, Honorio Henríquez, Alirio Barrera, Esperanza Andrade, Nadia Blel, Berenice Bedoya, Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo, lo que completaría la mayoría necesaria para hundir el proyecto.
Según la senadora Nadia Blel, la determinación de archivar la iniciativa “no es política, sino técnica”. “Consideramos que es inconveniente para Colombia. Esta reforma no fomenta el empleo, ni combate la informalidad”, aseguró, argumentando que su bancada analizó el proyecto en audiencias y mesas técnicas.
Por su parte, el senador Honorio Henríquez respaldó la decisión al señalar que “el Banco de la República estima que se perderían alrededor de 500.000 empleos si se aprueba la reforma laboral”.
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