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Gerson Beltrán Franco - gbeltran@larepublica.com.co

Según informó la multinacional energética (adjunto el comunicado oficial), el objetivo es que se le devuelva la compañía (Electricaribe) con un marco regulatorio viable y "se le compense por un importe que se cuantificará en el curso del procedimiento, pero que, en base a valoraciones preliminares, superará los US$1.000 millones". 

"El inicio formal del arbitraje se ha solicitado ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) que, al igual que el Ciadi del Banco Mundial, está previsto como foro adecuado de resolución de diferencias en el Acuerdo Bilateral de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Colombia y España", reza el comunicado. 

Gas Natural Fenosa denunció la ausencia de trato equitativo y de seguridad jurídica en la actividad regulada en los últimos años y rechazó "la toma de posesión que constituye una expropiación sin indemnización; y contra el hostigamiento sobre un inversor internacional y las personas a su servicio, mientras trata de resolver por vía amistosa sus diferencias con un Estado mediante los instrumentos establecidos en Derecho Internacional, al acudir al arbitraje". 

Sobre este tema, llama la atención el editorial de El País de España del día de hoy, donde el medio asegura que la decisión de liquidar la empresa de energía fue un error. 

“La intervención y liquidación (en proceso) de Electricaribe, filial en Colombia de Gas Natural Fenosa, suscita muchas dudas sobre la racionalidad de la decisión del Gobierno colombiano”, asegura la columna.

Además se resaltaron las palabras de la entidad al tomar la decisión “no está en condiciones de prestar el servicio eléctrico con la calidad y continuidad que se requieren” y en el texto se asegura que esta es un arma de doble filo si se tiene en cuenta que ya que el país el mercado está regulado en las tarifas y en las retribuciones.

Por otra parte, se recordó que parte de la crisis fue generada por los fraudes de energía que la justicia colombiana no ha podido resolver y agrega que las deudas de morosos ascienden a más de 1.300 millones de euros y que ninguna empresa en medio de una cultura de impagos puede sostenerse. 

Por todo lo anterior, la columna resalta que esto genera una inseguridad jurídica que se aleja de las prácticas de la Ocde.