Frenazo a Drummond le quitará al Estado $352.000 millones

La decisión del Gobierno de frenar las exportaciones de Drummond desde hoy le quitará al Estado más de $352.000 millones. Esta cifra correrá por cuenta de los impuestos, regalías y la tarifa a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que la minera dejaría de pagar hasta marzo.

Pese a una decisión “difícil de tomar para el Gobierno colombiano, por los efectos que va a tener”, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luz Helena Sarmiento, le puso mano firme a la segunda carbonera del país y ordenó ayer la suspensión del transporte del mineral porque “la ley en Colombia se respeta”.

Drummond deberá acatar inmediatamente la decisión que se mantendrá hasta que la compañía cumpla con los requisitos de la ley: emplear un modelo de cargue directo, agregó Nubia Orozco, directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

Esto sería hasta marzo, fecha en la que la empresa estima tener lista la infraestructura, como informó en diciembre su presidente, José Miguel Linares.

Por supuesto, la orden de suspensión no fue bien recibida en el sector, porque recortará la meta de producción y la hará más “difícil de cumplir este año”. Para Eduardo Chaparro, director ejecutivo de Asomineros, “sin duda alguna, este es un hecho significativo en términos de pesos para el crecimiento de la economía”.

Al mirar de cerca este monto que dejará de recibir el Estado, en primer lugar están las regalías, que al día representan unos $2.258 millones; luego están los impuestos, $1.834 millones diarios; y el pago de la tarifa que Drummond hace a la ANI, $206 millones.

Como consecuencia, se verán afectadas comunidades que son beneficiadas con estos ingresos, para proyectos sociales, desarrollo educativo y salud, entre otros.

“Hay preocupación en el sector minero por los efectos en las exportaciones y la producción de carbón. Pero debemos esperar por el plan de contingencia de la empresa”, sostuvo María Constanza García, presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ANM).

Este plan deberá estar listo una vez que Drummond retome las exportaciones, para garantizar que destrabará la comercialización del carbón. Hasta entonces, la empresa podrá extraerlo y almacenarlo.

Crónica de una sanción anunciada
La situación de la minera se veía venir. La compañía debió tener listo el sistema de cargue en 2010, pero el Gobierno le dio plazo hasta el primero de enero de este año.

Sin embargo, la compañía no logró concretar las obras en el puerto y continuó con el transporte del mineral a través de barcazas.

La semana pasada la Anla anunció que abrió un proceso de investigación y sanción a la minera. Y la Superintendencia de Puertos y Transporte se sumó el pasado martes con el mismo anuncio.

Como consecuencia de esta carga “ilegal” de carbón, el presidente Juan Manuel Santos le pidió a Sarmiento que tomara decisiones ante el caso de Drummond. Luego de este llamado de atención, la ejecutiva viajó a Santa Marta ayer y tomó las medidas pertinentes en el caso.

“Hemos evidenciado que la empresa continúa con el cargue del carbón y tenemos los sustentos jurídicos para tomar una decisión que no se pueda tumbar”, dijo Sarmiento. Sin embargo, la multinacional aún puede apelar esta decisión.

Pero la situación no llega hasta ahí. Tanto la Anla como la Superintendencia tienen pendiente definir cuál es la multa que se va a imponer a la empresa por cada día que continuó con el transporte del mineral por barcazas.

De acuerdo con el superintendente de Puertos y Transporte, Juan Miguel Durán, “podrían ser de 1 a 35 días de ingresos brutos como multa”. También se consideraría la intervención operativa del puerto.

Mientras que se define esta decisión, la empresa tiene varias tareas pendientes: detener el transporte del mineral en el puerto; preparar sus medidas jurídicas ante el Ministerio y presentar el plan de reparación de las playas. Este último, como parte de la sanción que la Ministra impuso en diciembre de 2013.

Récord en sanciones a la minera
Drummond ha superado los récords en materia de sanciones. Además de las tres multas que el Gobierno le ha puesto por daño al ambiente, también obtuvo en diciembre la sanción más alta que se haya impuesto en el país a alguna compañía: alrededor de $7.000 millones deberá pagar la empresa al Estado por arrojar carbón al mar. Pero eso no es todo. La multinacional también deberá extraer el mineral, limpiar las playas y desarrollar trabajo social con las comunidades cercanas a la zona.

Las opiniones

Luz Helena Sarmiento
Ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
“Adicionalmente se van a imponer multas diarias por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte y la Anla, desde el día que comenzó el incumplimiento”.

María Constanza García
Presidenta de la Agencia Nacional de Minería
“Hay preocupación en el sector minero por los efectos en las exportaciones y la producción de carbón. Pero debemos esperar por el plan de contingencia de la empresa”.

Eduardo Chaparro
Presidente de Asomineros
“Sin duda alguna este es un hecho significativo en términos de pesos para el crecimiento de la economía. Pero el Presidente se ha pronunciado y hay que proteger los recursos naturales”.