Este domingo a mediodía fracasó el que pudo ser el último intento por conjurar el paro cafetero que está programado para este lunes: los representantes del movimiento no asistieron a una reunión con el Gobierno convocada por cuatro de sus líderes.
El sábado, en Neiva, durante todo el día, los ministros del Interior, Hacienda y Crédito Público, Trabajo y el subdirector del Departamento Nacional de Planeación se reunieron con cuatro dirigentes del movimiento en ese departamento, en donde se analizaron los seis temas que motivan la protesta.
De acuerdo con un comunicado del Ministerio del Interior, en este encuentro se presentaron avances significativos en algunos puntos y se convino, por solicitud de los cuatro dirigentes cafeteros del Huila, que ellos convocarían a los representantes de 16 departamentos que hacen parte del movimiento, a una reunión que se realizaría este domingo 24 de febrero a las dos de la tarde, en la sede del Ministerio de Trabajo, con el fin de seguir avanzando en el diálogo para llegar un entendimiento.
“A esta reunión, lamentablemente los dirigentes no se presentaron, cerrando una vez más las puertas del diálogo”, dice el comunicado.
Sin embargo, el Gobierno reiteró su disposición de continuar el diálogo sin presiones, en el marco de la institucionalidad y conforme a la Ley. “Igualmente, el Gobierno Nacional resalta la importancia de esta instancia para el desarrollo del país y confirma su voluntad de consenso para encontrar alternativas frente a la problemática de los cafeteros”, añade el documento.
También recuerda que han sido “múltiples las acciones que se han emprendido, tanto desde el Gobierno Nacional como desde la Federación Nacional de Cafeteros, para solucionar las dificultades que afronta este importante sector de la economía”.
“El Gobierno Nacional hace de nuevo un llamado a gobernadores y alcaldes para que, sin perjuicio de que se respete la protesta social, no se permita el recurso a las vías de hecho, tales como bloqueos de vías y carreteras, tomas de instituciones públicas, constreñimiento a la población y cualquier otra forma de alteración del orden público por fuera de nuestro ordenamiento jurídico”, concluye el texto.
