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El alcalde de Medellín, el gerente de EPM y el contralor estarán en la reunión. Mapfre aportaría hasta 80% del costo del detrimento
Mañana se reunirán el contralor general de la República, Felipe Córdoba, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, voceros de las aseguradoras Mapfre y Sura y el gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Jorge Carrillo, para definir el futuro del proyecto hidroeléctrico más grande del país, Hidroituango.
El encuentro tendrá la finalidad de lograr un acuerdo para el desembolso de la póliza. Por ahora se conoce que EPM y Mapfre buscan el pago de la indemnización por US$ 983,8 millones y, de llegar a un trato, este deberá ser sometido a aprobación ante los órganos de EPM.
Sobre la base de este encuentro, la aseguradora Mapfre podría llegar a aportar más de 80% del costo del detrimento. Como consecuencia, el acuerdo para el pago de pólizas por cuenta de la contingencia ocurrida en 2018, podría ser anticipado.
De concretarse un acuerdo, los actuales contratistas del proyecto dejarían de lado la inhabilidad para continuar la ejecución de las obras, por lo que el contrato podría ser prorrogado, teniendo en cuenta que su fecha final es el próximo 31 de diciembre del año en curso.
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, expresó que con el fallo es más factible recuperar 100% del total de la sanción impuesta por el organismo de control. Asimismo agregó que por primera vez los contratistas tendrán que pagar a EPM hasta $800.000 millones de costos deducibles por activar las pólizas.
Además, Quintero aseguró que resta "poner a funcionar Hidroituango y recuperar más de mil millones de dólares que no fueron incluidos en el fallo de la contraloría y que no cubren las aseguradoras. Aún hay que ganar el segundo tiempo, recuperar lo que no cubren las aseguradoras".
Frente a ello, detallo que "debemos garantizar que los contratistas respondan por la otra mitad de perdidas que no cubre la aseguradoras. Esto es más de US$1.000 millones por cambios de diseños, obras subacuáticas, estabilización de la montaña y revestimientos de túneles".
El fallo de la contraloría nos permite ganar el primer tiempo en Hidroituango: Contratistas tendrán que pagar 800 mil millones de pesos, Mafre 3,9 billones y Sura 400 mil millones. Sin embargo aún hay que ganar el segundo tiempo, recuperar lo que no cubren las aseguradoras.
— Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) December 8, 2021
Al respecto, el consorcio CCC Ituango manifestó que al ser subcontratista de EPM, son estos últimos quienes adquirieron la póliza de riesgo para el proyecto, por lo que a los contratistas no les correspondería ningún tipo de deducible, teniendo en cuenta el panorama aún de incertidumbre.
Al acceder al desembolso de los seguros, EPM informó que no solo buscará el pago por parte de la póliza, sino que mantendrá la demanda para recuperar daños no cubiertos por estas líneas aseguradoras, los cuales ascienden a $5,6 billones.
“Si Hidroituango demora más allá de 2022 habrá más incertidumbre. La energía para los siguientes dos años se garantizó en la subasta de cargo por confiabilidad de 2019”
Mientras, son varios los gremios y sectores que han manifestado desacuerdo ante la gestión de la Alcaldía de Medellín, del Gobierno y de la Contraloría.
Nicolás Posada, director del Comité Intergremial de Antioquia, se mostró preocupado ante las decisiones del mandatario de Medellín y el gerente de EPM, ya que son tomadas “con intereses políticos, con falta de rigor técnico y con falta de planeación estratégica para asegurar el futuro energético”.
Desde el punto de vista de las generadoras, Alejandro Castañeda, director ejecutivo de Andeg, dejó en claro que la incertidumbre podría aumentar de no llegar a buen término la negociación para que el proyecto aporte a la matriz en 2022.
Por su parte, el director de infraestructura de Aciem, Jairo Espejo, apuntó que existe un riesgo en caso de que el contratista cambie y el actual no ceda los recursos claves para la obra, por lo que, a su juicio, EPM debería tomar posesión del contrato.
A su turno, la Cámara Colombiana de la Infraestructura cuestionó la conveniencia de la confirmación del fallo.
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