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La entidad elaboró un par de recomendaciones para luchar contra la corrupción, basado en los resultados de la comisión de expertos
Fedesarrollo lanzó sus recomendaciones para luchar contra la corrupción. El informe se sustentó en los resultados de la comisión de expertos anticorrupción liderada por Fedesarrollo en 2021, que en ese entonces también contó con el acompañamiento de la Misión de Observación Electoral, de Jjusticia y Transparencia por Colombia.
El diagnóstico parte de reconocer que la corrupción es uno de los principales obstáculos al desarrollo socioeconómico y que entre las manifestaciones más graves se refleja la capacidad de intereses particulares para capturar la política y el Estado. Estos agentes corruptores, que pueden actuar como grupos de crimen organizado, se pueden agrupar en tres categorías, según el informe de la entidad.
El primero alude a las redes clientelares entre el sector público y privado, que abarcan los actores que permiten la operación del clientelismo político a gran escala; en segundo lugar, se ubican los grandes intereses económicos, incluyendo los grupos económicos y los grandes terratenientes, cuyo poder les permite incidir en las decisiones de las autoridades públicas de forma indebida; y el último, son los grupos ilícitos de crimen organizado, como paramilitares y guerrillas, y las organizaciones dedicadas al narcotráfico, contrabando, minería ilegal, y otras actividades ilícitas, que cuentan con una enorme capacidad para corromper a algunos actores políticos y servidores del Estado por medio del ejercicio de la violencia.
En el siguiente video podrán encontrar el resumen que hace Magic Markers "Corrupción en Colombia: el porqué y cómo combatirla" acerca de esta problemática https://t.co/aNwJfaCXoe
— Fedesarrollo (@Fedesarrollo) May 25, 2022
La entidad dirigida por Luis Fernando Mejía, señalo que la corrupción suele tener origen en el sistema electoral, en el que se genera una captura de la política electoral, llevando a abusos en la operación del Estado para generar rentas y beneficios privados.
Con base en este diagnóstico, entre las propuestas más importantes citadas por Fedesarrollo se destacan:
1. Modificar la nominación y elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y fortalecer su capacidad con presupuesto y planta autónomos y una mejora en sus capacidades de investigación.
2. Aumentar la financiación pública directa e indirecta a las campañas del 30 al 70% de los
gastos de campaña y fortalecer el control a los reportes de ingresos y gastos de las campañas
políticas.
3. Adelantar una reforma integral a los organismos de control para mejorar su eficacia y garantizar
la autonomía e independencia frente a intereses políticos y económicos de la Fiscalía General de
la Nación (FGN), la Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría General de la
Nación (PGN), mediante un fortalecimiento de los mecanismos de elección, restricciones para
ocupar cargos de elección popular, ajustes en los periodos institucionales para evitar coincidencia
con periodo presidencial y de Congreso, y la declaración de conflictos de interés.
4. Hacer seguimiento a los flujos de recursos ilícitos y el lavado de dinero asociado a la corrupción
y combatir el uso del efectivo en las campañas políticas y la falta de transparencia de estos recursos.
5. Combatir la corrupción en la contratación estatal al restringir el uso del régimen de contratación
por los esquemas especiales, limitar contrataciones no competitivas y las adiciones a los contratos,
así como fortalecer el gobierno corporativo de las entidades del gobierno nacional.
6. Reformar el servicio civil y el empleo público y crear un régimen de vinculación en planta de los
servidores en prestación de servicios sin un aumento del gasto público.
7. Combatir la transaccionalidad de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso al aumentar la
transparencia del proceso legislativo, regular los cupos indicativos y hacer del trámite legislativo
un proceso digital y transparente.
8. Fortalecer la capacidad de la sociedad civil de hacer control a la corrupción con esquemas de
protección al denunciante y mayor acceso a información.
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