Fedesarrollo propone que declaraciones de renta sean públicas para reducir evasión

Frente a la propuesta de Inversión Social del Gobierno Nacional, cuyo objetivo es recaudar los recursos necesarios para la recuperación económica tras el impacto del covid-19, Fedesarrollo plantea una serie de medidas anti evasión que aseguran permitirían una mejor administración tributaria y una adecuada fiscalización.

Según indicó Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, anualmente se pierden recursos del orden de 5,4% del PIB en evasión de impuestos, por lo que desde la entidad propusieron medidas en seis frentes para lograr ese objetivo.

información y transparencia; limitaciones en deducciones y transacciones; valoración de activos y fusiones; asesoría tributaria; mecanismos de control y sanciones, y medidas para el personal de la Dian son los seis puntos que deben ser tenidos en cuenta, según Fedesarrollo, en la nueva reforma propuesta por el Gobierno.

“Estabilizar las finanzas públicas es una prioridad para garantizar la continuidad de los programas sociales, promover la reactivación y revertir el impacto de la pandemia sobre la economía nacional”, indicó Mejía.

Para el primer punto, el de información y transparencia, Fedesarrollo propone que las declaraciones de renta sean públicas, así como también las de las personas, pero éstas de manera anonimizada. También, que se establezca un registro público de cabilderos o lobistas y empresas que emplean uno o más lobistas, para así fortalecer su regulación.

De igual forma, para Fedesarrollo la Registraduría deberá informar a la Dian de la depuración de personas fallecidas para saber si las cédulas reportadas por los contribuyentes en sus costos y deducciones e IVA descontable corresponden a personas vivas.

En cuanto a las limitaciones en deducciones y transacciones, la entidad propone que se plantee la creación de una cláusula antiabuso que impida deducir gastos personales del impuesto de renta de empresas y personas con actividades empresariales. También, que las personas jurídicas y naturales no puedan hacer transacciones en efectivo de inmuebles, semovientes, joyas, obras de arte, vehículos, aeronaves y embarcaciones con valor superior a los $2.000.000.

Para propósitos del impuesto al patrimonio, los inmuebles, activos financieros y no financieros, la propuesta es que sean valorados a precios de mercado, no a su costo histórico. También, frente a los procesos de asesoría tributaria, sugieren que los asesores tributarios sean judicialmente responsables por las declaraciones tributarias de sus clientes cuando se demuestre que su asesoría haya conducido a prácticas abusivas o evasoras.