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Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo
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Subida mayor a la inflación (prevista por encima de 5% en 2025) afecta a los comerciantes con menores márgenes de operación
Después de que el ministro de Interior, Armando Benedetti, sugiriera que el aumento del salario mínimo del próximo año fuera de 10,8%, pasando a $1,8 millones, Fedesarrollo expresó que un alza de esta naturaleza ejercería presiones sobre los precios.
Aunque la propuesta del Gobierno se alinea con lo sugerido en las últimas semanas, el centro de pensamiento señaló que el efecto recaería en el consumidor final. Esto en tanto que una subida en el mínimo mayor a la inflación (prevista por encima de 5% en 2025) afecta a los comerciantes con menores márgenes de operación.
"Es algo que ya se está viendo este año. Por ejemplo, un pequeño comerciante con márgenes de operación de 2% máximo 3%. Si el mínimo aumenta 11%, que es el costo de operación fundamental, no le queda otra alternativa que trasladar el aumento salarial al consumidor final con precios más altos", explicó Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.
Mejía detalló que los efectos de haber subido el mínimo de 2025 en 9,54% (superior a como cerró la inflación el año pasado, en 5,2%) han sido evidentes desde el inicio del segundo semestre del año. "El país lleva cuatro meses con la inflación estancada por encima de 5%.
El grupo de investigaciones económicas de Bancolombia señaló hace dos semanas que un aumento en el mínimo por encima de 10% alejaría a la inflación de la meta que tiene el Banco de la República de 3%.
Para ellos, si el salario base se ubica en $1,56 millones (sin auxilio de transporte), la inflación no bajaría de 4,34%; si fuera de 11% como lo ha venido sugiriendo el gobierno ($1,58 millones sin el auxilio), se ubicaría en 4,41% al cierre de 2026.
El llamado de Fedesarrollo es a escuchar las partes implicadas en la negociación en la mesa de concertación que se instalará hasta el primero de diciembre. Esto teniendo en cuenta la pérdida del poder de compra de los trabajadores y los efectos inflacionarios en 2026.
Con esto se inició la fase de discusión legislativa del proyecto de ley de competencias, la cual, en caso de ser aprobada en 2026, entraría en vigencia en 2027
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