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El escenario base estima que la deuda se ubicaría por encima de 70% del PIB en 2029.
Estas vigencias son compromisos del presupuesto de inversión dentro de la política fiscal, con el objetivo de financiar proyectos de infraestructura
Las vigencias futuras en proyectos para infraestructura podrían recibir un impacto directo debido a los altos índices de deuda, la falta de caja y las restricciones del Estado en liquidez para financiar estas iniciativas.
Las alertas fiscales no solo provienen del nivel de déficit en el erario, sino también de la trayectoria de la deuda pública. El escenario pesimista proyecta que esta se acerque a 90% del PIB en 2029, un nivel comparable al de crisis fiscales o episodios de default en economías emergentes.
El escenario base estima que la deuda se ubicaría por encima de 70% del PIB hacia esa misma fecha, lo que, aunque menos crítico, sigue estando lejos del margen de sostenibilidad de la regla fiscal, que tendría que activarse en 2028.

A este panorama se suman las debilidades en los recursos disponibles en la caja del Banco de la República. Según Bancolombia, la disponibilidad de recursos fue de $7,4 billones en julio de 2025, uno de los niveles más bajos en años; esto reduce la maniobrabilidad del Estado para atender compromisos sin recurrir a más deuda o a recortes de gasto, afectando directamente las vigencias futuras.
La falta de liquidez se convierte en un riesgo operativo para cumplir estos compromisos. Las vigencias futuras son compromisos del presupuesto de inversión dentro de la política fiscal, con el objetivo de financiar proyectos de infraestructura a través de montos asignados por años. Esto se hace debido a la ausencia de recursos inmediatos para financiar los planes, por lo que el Estado asume los pagos de forma progresiva y gradual en el tiempo.
Las vigencias futuras sostienen proyectos clave no solo para la infraestructura, sino también para el desarrollo económico. Entre los planes ya autorizados están la segunda línea del Metro de Bogotá, la primera línea, la restauración de ecosistemas del Canal del Dique, el corredor férreo La Dorada–Chiriguaná en Caldas, Antioquia, Santander, Norte de Santander y Cesar, y el corredor Buenaventura–Loboguerrero–Buga en Valle del Cauca, entre otros.
De acuerdo con Bancolombia, con base en el Marco Fiscal de Mediano Plazo publicado por el Ministerio de Hacienda en junio de 2025, el total de las vigencias futuras asciende a $167,9 billones, recursos programados entre 2026 y fechas que se extienden incluso hasta entre 2032 y 2053.
Los analistas de Bancolombia señalaron que, aunque el país mantiene capacidad de pago en términos agregados, existe fragilidad en el Tesoro Nacional, lo que aumenta la tensión para cumplir con las obligaciones derivadas de las vigencias futuras.
Esta situación se agrava por la ausencia de un ancla fiscal clara y de mecanismos definidos de priorización del gasto en la política presupuestal, advirtieron.
Un reciente reporte del saldo disponible en el Tesoro Nacional del Banco de la República reveló que el Gobierno cuenta con $1,9 billones en caja, es decir, el dinero disponible para cumplir sus obligaciones inmediatas.
El Estado tiene un margen estrecho para atender sus compromisos y avanzar en los planes de inversión pública.
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