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Juan Martín Caicedo, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura
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Para el presidente de la CCI, esta propuesta, además de generar incertidumbre, va en contravía de que las vigencias futuras no pueden ser modificadas de manera unilateral
La Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, señaló que el borrador del decreto mediante el cual el Gobierno plantea reprogramar las vigencias futuras genera dudas sobre la constitucionalidad y legalidad de la iniciativa, ya que, para el gremio desconoce instancias y procedimientos establecidos en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y en la Ley de Asociaciones Público-Privadas.
Según lo advirtió Juan Martín Caicedo, presidente de la organización, la medida pone en riesgo la viabilidad de proyectos como los programas 4G y 5G. Agregó que cualquier modificación presupuestal, sin una causal técnica o legal, afecta al Estado, compromete la confianza inversionista y debilita los mecanismos de transparencia en las relaciones contractuales.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, afirmó que varios proyectos se encuentran sin ejecución, y ejemplificó esta situación con el caso Mulaló–Loboguerrero, con lo cual hizo alusión a la necesidad de reprogramar las vigencias futuras.
Para el presidente del gremio, esta propuesta, además de generar incertidumbre, va en contravía de las advertencias de la Contraloría, toda vez que las vigencias futuras o los contratos de concesión pactados no pueden ser modificados de manera unilateral.
Caicedo también expresó que el decreto implicaría un incumplimiento de facto de los contratos suscritos entre el Estado y los privados, lo cual ocasionaría perjuicios patrimoniales. Concluyó que las modificaciones en las reglas de juego introducen barreras que desincentivan la inversión.
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