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Ayer se conocieron los 12 decretos que expidió el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia declarada el pasado 2 de julio
El pasado 2 de julio el Gobierno Nacional declaró emergencia económica y social en La Guajira, en parte por el impacto que puede significar el fenómeno de El Niño en este departamento. El objetivo con esto, entonces, es el de atender problemáticas como el acceso a agua potable y saneamiento básico, garantizar el servicio de energía, entre otros.
De hecho, uno de los primeros decretos en conocerse fue el 1276, con el cual se crea un cargo de $1.000 en las facturas de energía de estratos 4, 5 y 6 , para poder subsidiar el servicio en La Guajira.
Para usuarios comerciales e industriales, el cargo será de $5.000. Con esto, en el documento se asegura que se podrían recaudar más de $51.000 millones.
Hay que resaltar el artículo 7 del mismo decreto en el que se da un alivio de suspensión de contratos de suministro de energía media anual a largo plazo para generadores de Fuentes no Convencionales de Energía Renovable.
Con esto se suspende temporalmente la obligación de suministro de energía de estas fuentes hasta que entre en operación el proyecto de generación objeto del contrato y como plazo máximo hasta el 22 de julio de 2025. Según explicó Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, con este artículo se podría impactar el valor de las tarifas para los usuarios, pero impulsa la reactivación de proyectos de energías limpias.
“Se va a tener que buscar otras fuentes para suministrar esta energía, que podría ser más costosa dada la coyuntura actual. Es decir, se va a tener que reemplazar esas fuentes que iban a suministrar esos proyectos. Es posible que se use energía térmica, lo que encarecerá tarifas”.
Con los otros decretos, como el 1272, se crean ayudas económicas para las familias del departamento. El 1272 establece la creación de una transferencia monetaria no condicionada, a cargo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, para atender a los niños y niñas en primera infancia, y madres
gestantes, de las comunidades Wayuu en La Guajira. El valor de la transferencia será de $500.000, el cual entregará a cada una de las familias identificadas como potenciales beneficiarios.
El decreto 1270 establece la implementación de la reforma a la salud en la zona con un enfoque territorial. Según el documento, el objetivo es definir un modelo de salud propio e intercultural en el territorio. Será " un modelo de salud que integra como principios la interculturalidad, la igualdad, la no discriminación y la dignidad; bajo un ordenamiento territorial, y diferencial; que tenga en cuenta condiciones geográficas,
epidemiológicas, organizativas y culturales.
En el marco de la emergencia se le dará especial atención al turismo como una fuente de desarrollo económico para el departamento. Para esto, en el decreto 1267 se establecen algunas medidas como la exención del IVA para prestadores de servicio de turismo definidos en el decreto 1074 de 2015. También habrá una exclusión temporal del impuesto nacional al consumo en el Departamento de la Guajira y una suspensión temporal de la obligación de pago de la contribución parafiscal para el turismo.
Con el decreto 1271, el ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, mediante resolución debidamente motivada, podrá asignar o modificar, obligaciones de establecer en los actos administrativos de carácter particular derivados de los procesos de subasta, o contenidas en los permisos y renovaciones otorgados por el Ministerio para el uso del espectro radioeléctrico en bandas identificadas para las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (lMT, por sus siglas en inglés).
En el marco de la emergencia, con el decreto 1274, se creará una institución de educación superior indígena propia del pueblo Wayúu. Y con el 1250 se garantizará el acceso a agua potable y saneamiento básico, una de las problemáticas que históricamente ha enfrentado el departamento.
El Ministerio de Ambiente, con el decreto 1277 , limita las actividades mineras; esto para "proteger las fuentes hídricas de ese territorio". En últimas, esto implica que quedaría prohibido adicionar o prorrogar contratos de concesión minera o autorizar expansiones, ampliaciones o nuevos frentes de explotación de los proyectos de minería de carbón existentes.
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