'Estrés fiscal' genera interrogantes sobre la financiación del posconflicto: CGR

Dentro de su intervención aseguró que los dividendos de la paz no pueden verse amenazados por grupos criminales que copen los territorios que dominaban las FARC y que hagan inviable una reducción del gasto en fuerza pública.

“El gasto en seguridad y defensa nacional le cuesta al país $34 billones, por lo que la sociedad espera que con 500.000 hombres, las fuerzas militares y de policía ocupen los territorios y ofrezcan las garantías para el disfrute de los derechos”, sostuvo.

De acuerdo con Maya Villazón, al avance de la implementación de los acuerdos de paz lo acechan las sombras de la corrupción que ronda al país, los bajos resultados de políticas como la ley de Justicia y Paz y el “estrés fiscal” que se percibe por el desfavorable escenario macroeconómico actual, que genera grandes interrogantes sobre la financiación de lo acordado.

Según las cifras expuestas de un reciente estudio de la Contraloría, la ley de Justicia y Paz, en sus diez años de aplicación, ha tenido un alto costo, cercano a los $11 billones, y de sus 4.981 miembros de organizaciones al margen de la ley, en su mayoría paramilitares, la mitad habían salido del proceso y apenas 195 habían recibido condenas, es decir el 8,2 % de los aspirantes a los beneficios de esa legislación especial.

Adicionalmente, de 439.517 hectáreas de tierras con solicitud de restitución, apenas se han entregado 612 hectáreas y de las indemnizaciones ordenadas en justicia, 90 % han sido sufragadas con recursos del estado y 6 % con los bienes de los postulados.

“Sumado a lo anterior, hay demasiado ruido en la coyuntura con posterioridad al plebiscito del pasado 2 de octubre, se han radicalizado los discursos y los liderazgos no siempre están fundados sobre lo esencial, sino que se centran en la desaprobación, los insultos y la mentira hoy llamada posverdad, lo que implica perder la objetividad y la perspectiva que debe prevalecer, que no es otra que la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y equitativa”, indicó Maya.

Así mismo, consideró que la real estimación de los costos de sostenibilidad del proceso de paz, sólo podrán darse una vez sean realizados los ajustes normativos que se anuncian para la implementación de la Reforma Rural Integral, cuyo texto según lo expuesto por el Gobierno Nacional, será socializado a partir de esta semana en distintas regiones del país.

“De cara al control fiscal efectivo de los recursos del posconflicto, el desafío y la contribución de la Contraloría General de la República se encuentra en consolidar su lucha contra la corrupción, así como el logro de la transparencia en la gestión y resultados de los recursos públicos, tanto a nivel del Gobierno Nacional como en las entidades territoriales”, subrayó Maya Villazón.