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Analistas suponen que responsabilizar a gobernadores en aprobar recursos de salud es politizar el sistema, lo cual sería peligroso
La reforma a la salud ha sido fuertemente criticada desde el momento que se anunció su radicación. Este proyecto bandera del Gobierno de Gustavo Petro volvió a ser el centro de la polémica esta semana luego de que se presentara la ponencia positiva con solo cuatro de 12 senadores, para continuar con el tercer debate ante la Comisión Séptima.
La ponencia fue firmada por Wilson Arias, Martha Peralta, Ferney Silva, y Omar Restrepo, del partido Comunes.
Esto generó discordia y una serie de pronunciamientos en contra, que alertan por varios puntos que propone el articulado del Ministerio de Salud.
La senadora Paloma Valencia expuso una serie de críticas al texto de la reforma, que generan alarmas en distintos ámbitos porque se habla de una posible inestabilidad en los próximos años, entre ellas, con respecto a droguerías, EPS, política, entre otras dependencias.
En principio, la senadora ratificó la denuncia que ha venido haciendo desde hace un tiempo sobre la reforma, y es que el presupuesto del sistema sería “controlado por políticos”.
“El gobernador tiene poder sobre las ISEs, determina los convenios y servicios a prestar con hospitales de segunda y tercera complejidad, y además determina cuándo una factura no le parece justa”, alertó Valencia.
En lo expuesto por la senadora hay varios puntos que generan preocupación y alerta. Analistas destacan que hay varios aspectos a tener en consideración y cuidado si se desarrollan de una forma equivocada.
“Alcaldes y gobernadores van a definir las clínicas y hospitales que integrarán el sistema. Esto conlleva un grave riesgo de politización mayor dela salud y de corrupción”.
“Se radicó la ponencia pública sin una audiencia pública en Bogotá, sin haber finalizado las mesas técnicas y sin conocimiento del impacto fiscal de la reforma”.
El economista y experto de salud, Paul Rodríguez, alertó sobre el fondo de infraestructura y dotación hospitalaria. “Pareciera que sí quieren que el Gobierno tenga mucha autonomía para construir infraestructura. Esto podría ser bueno para el tema de los Caps pequeños, pero suena muy peligroso para los grandes proyectos, un posible foco de corrupción. Ya vimos que esa autonomía es muy peligrosa con el caso de los carrotanques”, aseveró.
Por su parte, el representante de la Cámara del Centro Colombiano, Andrés Forero, aseguró que uno de los temas más sensibles, “es que van a ser principalmente los alcaldes y gobernadores los que van a definir, qué clínicas y hospitales van a integrar las redes de atención de salud en los municipios y departamentos”.
“Eso es darle una mayor relevancia, un mayor protagonismo. Nosotros consideramos que eso supone un grave riesgo de politización de la salud y de corrupción”, alertó.
Otro de los temas que alertó la senadora, fue la responsabilidad que tendría la Adres al tener que auditar “más de 400 millones de atenciones al año y un número similar de facturas”. Paul Rodríguez coincidió que la tarea que le están dejando es “monumental”.
“Básicamente, la Adres tendrá que volverse la gran EPS del sistema. Esto es realmente difícil de implementar. De paso, hace que el rol de las ‘gestoras’ en el sistema sea inútil”, alertó.
Detalló que debe hacerlo “tres o cuatro veces más grande que la Nueva EPS, en dos años. Seguramente saldrá mal”.
La senadora Paloma Valencia advirtió que en la reforma a la salud tienen previsto que las EPS desaparezcan dentro de tres años para luego convertirse en gestoras de salud, pero solo si son elegidas por la cartera.
Ante esto, Andrés Forero, representantes de la Cámara del Centro Democrático, consideró que esta es una decisión preocupante. “Es un despropósito que acaben con las EPS y no haya un reemplazo claro. Con lo que propone el Gobierno se diluyen sus responsabilidades y avanza en la estatización y eso, consideramos que es lamentable”.
La Adres tendrá que verificar 400 millones de atenciones al año y un número similar de facturas, al ser pagador único.
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