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Puntos clave para mejorar la competitividad en Colombia
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El Consejo de Competitividad presentó un informe en el que plantea la necesidad de elevar la Eficiencia del Estado, garantizar seguridad y reanudar la exploración de gas
En medio de un contexto de bajo crecimiento económico, tensiones fiscales y persistencia de brechas en productividad, informalidad y desigualdad, el Consejo Privado de Competitividad, CPC, presentó su más reciente informe nacional que plantea los desafíos que hay para mejorar la competitividad del país.
El informe presentado por la presidente del Consejo, Ana Fernanda Maiguashca, señala que la resistencia al cambio, el cortoplacismo y la polarización son los factores que impiden ejecutar las reformas que el país necesita.
El estudio tiene como premisa ‘distintos no distantes: acuerdos incómodos para avanzar’ y plantea que la competitividad de Colombia depende menos de alcanzar consensos perfectos entre todos los sectores y más de lograr acuerdos prácticos y sostenibles.
El informe toma más de 10 segmentos diferentes en los que encontró problemas urgentes por solucionar y las tareas para mejorar la competitividad en esos aspectos.
“La responsabilidad de que muchas veces no avancemos no es solo de los que diseñan la política pública. La sociedad también tiene que ceder en algunos aspectos”.
Uno de ellos tiene que ver con la eficiencia del Estado y el exceso de tramitología para desarrollar los proyectos. Basado en datos del DNP, el informe asegura que en 2023 las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional expidieron 23,8 normas cada día, lo que evidencia una necesidad de reglamentar todo.
Además, la más reciente medición del índice de desarrollo del servicio civil ubica a Colombia en el rango de desempeño medio, con un bajo puntaje en materia de gestión del rendimiento.
Para atender este problema, el estudio señala que se debe cambiar el sesgo del marco regulatorio de la licencia al control ex post. También propone reformar el marco de uso de las evaluaciones de impacto para que sean eficaces y cambiar los criterios de evaluación de gestión de las entidades públicas para evaluar la pertinencia de sus resultados.
En el segmento de justicia y seguridad, una de las problemáticas es que la violencia organizada aumentó 24% entre el primer trimestre de 2020 y el cuarto trimestre de 2024, con focos críticos en Cauca, Arauca, Chocó y Catatumbo, donde persisten disputas entre grupos ilegales. A esto se suma el costo de la violencia que llega a 33,7% del PIB.
Para eso, el CPC propone que la fuerza pública tome el control real del territorio colombiano y se acelere la digitalización de la justicia mediante la puesta en marcha del expediente electrónico.
En el rubro de la energía también hay alertas por la caída en 59% de las reservas probadas de gas en una década, al pasar de 5.727 GPC a 2.373 GPC y un aumento de 36% en las tarifas residenciales.
Para afrontar esta problemática, el informe propone revivir la figura de los proyectos de interés nacional estratégicos (Pines) y reanudar la exploración de proyectos de gas e hidrocarburos con todas las tecnologías.
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