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Un artículo del documento promueve un plan para sustituir los ‘empleos marrones’. Analistas precisan duras condiciones a firmas
La reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro, uno de sus proyectos claves , destina un apartado a la protección laboral frente a los procesos de descarbonización y transición energética, fenómenos que vive el sector minero energético a nivel mundial.
Si bien este articulado trae al país estas discusiones, que se dan también en otras latitudes, la estructura de la propuesta del Ministerio de Trabajo ha recibido duros señalamientos que cuestionan la efectividad del proceso.
El primer cambio entre articulados es que, en la versión original abarcaba a “toda empresa que realice explotación minera de carbón o petróleo”, ahora expande su universo para también incluir a las firmas que realicen “actividades asociadas con la generación de energías que esté en proceso de descarbonización, de transición o de cambio de matriz minero energética por renuncia o cambio de operación o actividad”.
Asimismo, mientras la primera propuesta consistía en un plan de reconversión de cuatro puntos, la nueva versión incluye siete apartados.
Este plan, de acuerdo con lo que plantea la norma, deberá ser concertado y construido con los empleados de la compañía y las organizaciones sindicales de la firma. Deberá ser socializado por ambas partes y necesitará el visto bueno de la cartera laboral para su ejecución.
"El artículo 62 establece un tratamiento inequitativo para las empresas del sector minero, petrolero y energético e impone cargas incuantificables que escapandel deber y la capacidad empresarial".
El programa debe contar con un mecanismo para la identificación de los trabajadores afectados por la transición, la descarbonización, el cambio de matriz energética o el cambio de operación.
También debe incluir una ruta de reconversión laboral o, dado el caso, un plan de retiro voluntario que garantice un mínimo vital al trabajador por la duración del plan de descarbonización.
En materia social, también incluye la continuidad en la afiliación y cotización al seguro social por lo que dure la transformación y la creación de un fondo de diversificación económica para los extrabajadores directos, indirectos y contratistas “para organizarse e impulsar la economía popular”.
El documento precisa que toda persona que se vea afectada por la transición ingresará a la ruta de empleabilidad de la Unidad del Servicio Público de Empleo.
Juliana Morad, codirectora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, resaltó los aspectos positivos de este articulado. “Creo que establece un proceso puntual de lo que sucederá en la transición energética (...) Es positivo que establezca una ruta clara para este proceso”, dijo la experta.
No obstante, para la también directora del Departamento Laboral de la misma casa de estudios, el articulado evidencia lagunas en su proceso. “Si bien establece un mecanismo de tránsito claro, no se infiere la capacitación y el fortalecimiento de los procesos de formación para el trabajo necesarios en esta”.
Julio César Vera, presidente de Xua Energy, también destacó los apartados sociales positivos de la propuesta, pero mencionó que la implementación de los puntos puede resultar “muy costosa a nivel económico y social para el país”.
“Dichos planes que se proponen deben tener unos límites claros, que no obliguen a imposibles o a costos desmedidos para las empresas”, agregó.
Sobre esa idea también se expresó Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, ACM, quien garantizó que este proyecto establece un trato inequitativo para estas empresas frente a sus similares de otros sectores.
“El artículo impone cargas incuantificables abstractas que escapan del deber y la capacidad empresarial, como es la de acordar una ‘ruta de reconversión laboral’ y que por el contrario obedecen a obligaciones que debe suplir el Estado”, señaló.
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