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Primera cuota del impuesto al patrimonio
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Sociedades extranjeras deberán pagarlo cuando posean un patrimonio líquido igual o superior a $10.474 millones a marzo de 2026
Esta semana, más de 15.000 empresas enfrentan el inicio del impuesto al patrimonio decretado por el Gobierno en medio de la emergencia económica.
Las compañías, con patrimonio líquido superior a $10.474 millones, deberán pagar la primera mitad del gravamen el 1 de abril. La segunda cuota será el 4 de mayo. La tarifa es de 1,6% para los sectores financiero y minero energético, y de 0,5% para el resto de actividades.
Con este tributo, el Gobierno espera recaudar $8 billones, de los cuales la banca y el sector extractivo aportarían cerca de 56%. Sin embargo, Anif estima un recaudo de $6,3 billones: $4,1 billones (65%) provenientes de los sectores gravados con 1,6% y $2,2 billones (35%) de aquellos sujetos a la tarifa general de 0,5%.
El centro de pensamiento también aseguró que, si bien el impuesto puede representar una fuente relevante de ingresos en el corto plazo, sus implicaciones “no son menores”. “Colombia atraviesa una crisis de inversión: la formación bruta de capital fijo se ha reducido significativamente. En 2015 representaba cerca de 24% del PIB y pasó a 16% en 2025”, explicó.
Cabe recordar que las sociedades extranjeras también deberán pagar este gravamen cuando posean un patrimonio líquido igual o superior a $10.474 millones al 31 de marzo de este año.
Desde el sector empresarial, las críticas han sido contundentes. Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional, señaló que el país está a menos de 10 días de enfrentar un “deterioro económico sin precedentes” por la carga impositiva sobre las personas jurídicas.
“Si se mantiene el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, establecido en el Decreto Legislativo 173 de 2026, miles de empresas no podrán pagar este tributo y terminarán quebrando”, afirmó.
Por su parte, en el sector minero energético, Frank Pearl, presidente de la ACP, aseguró que el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, en particular la tarifa diferencial de 1,6%, más de tres veces superior a la de otros sectores, desincentiva la actividad de exploración y producción. Esto ocurre, dijo, en una industria que ya enfrenta una de las cargas tributarias más altas entre las actividades económicas.
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