MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Agregue a sus temas de interés
El valor es de $1.425 millones por no cumplir indicadores de energía.
A través de la Superintendencia Financiera, la compañía Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que presentó un recurso de reposición y apelación ante la sanción de $1.425 millones impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por no cumplir con los indicadores de calidad de energía, puesta en noviembre del año pasado por hechos ocurridos en 2015.
La decisión se da en medio de las dificultades que ha tenido la construcción del proyecto hidroeléctrico Ituango, que la semana pasada realizó con éxito el cierre de la segunda compuerta ubicada en la casa de máquinas del proyecto. Ese hito que se logró en apenas 29 minutos, se sumó a las compuertas siete y ocho que fueron cerradas en 2018, y las tres, cuatro, cinco y seis que aún no son operables.
Sin embargo, no será hasta después de febrero cuando se cierre la segunda compuerta y se empiecen a analizar realmente los daños que existen en el proyecto de energía más importante que tendrá el país. Por el momento, se revisan los bajos niveles del caudal del río Cauca de los últimos días.
Una vez terminada esta obra, se proyecta que generaría alrededor de 17% de la energía eléctrica que necesita el país. No obstante, por ahora este panorama es bastante incierto teniendo en cuenta que aún no hay un diagnóstico de la situación real de la casa de máquinas. A ello, también se suma que en el caso de que la hidroeléctrica no entre en operación para 2022, fecha que se ha ido retrasando, se podría sentir un déficit en energía del país.
Además, según un informe de la calificadora de riesgo Fitch Ratings, el retraso en la construcción de Hidroituango también es negativo para el perfil crediticio del Grupo Empresas Públicas de Medellín.
La protección de la Amazonía, comercio e inversiones serán algunos de los temas de la agenda entre ambos mandatarios
De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, anunció que la intervención durará 10 meses, que incluirá la demolición y el uso de carriles
Esta reforma, bandera del proyecto de Gustavo Petro es una de las que más esperanzas tiene de ser aceptada en el Congreso
