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La empresa considera una prórroga del contrato actual. Los constructores aseguraron que no hay opción de cesionarios para 2022
El fallo de responsabilidad fiscal por $4,3 billones proferido por la Contraloría General de la República tiene en estado de alerta a EPM frente a la situación de los constructores de Hidroituango. Por ello, con miras a tener un plan B y lograr dar continuidad al proyecto, la compañía explora la posibilidad de prorrogar el contrato actual y de realizar un proceso público licitatorio, el cual se abriría la próxima semana, según su gerente, Jorge Carrillo.
William Giraldo, vicepresidente de generación de EPM, explicó que han venido trabajando en este plan B desde octubre de 2020, evaluando a las empresas que cumplirían los requisitos exigidos para tener a dicho contratista en reserva. En este proceso, afirmó Giraldo, se identificaron 46 empresas que se fueron decantando, quedando al finalizar el filtro cuatro empresas nacionales y otras cuatro extranjeras.
Sin embargo, “esta será una licitación pública donde no solamente esos ocho oferentes tendrán la posibilidad de presentarse, sino cualquier empresa que considere que cumpla con los requisitos”, dijo.
En dicho proceso, uno de los posibles contratistas manifestó falta de voluntad a continuar con el proceso, razón por la que las opcionadas por EPM serían solo siete.
Durante una reunión con EPM, los actuales contratistas del proyecto (Consorcio CCC) sostuvieron que no existe la posibilidad de conseguir cesionarios para dar continuidad a la construcción de la hidroeléctrica en 2022, por lo que, por ahora, esa opción está totalmente descartada, teniendo en cuenta que la vigencia del contrato actual está hasta el 31 de diciembre de 2021.
“A hoy no tenemos ejecutor para el primero de enero. Hace falta ver la respuesta de los potenciales oferentes, el plazo del proceso licitatorio y la fecha de entrada del contratista. Entretanto puede pasar cualquier cosas con el fallo. Lo idea es que el contratista esté en un estado donde los efectos del fallo no generen riesgo, pero EPM debe estar preparado con planes contingentes”, apuntó Carrillo.
Agregó que “entre más rápido hagamos el proceso de licitación, más preparados vamos a estar”.
Respecto a la posibilidad de prorrogar el contrato actual hasta que ocurra la confirmación del fallo, la compañía afirmó que no hay un acuerdo definitivo en las condiciones. E igualmente, queda abierta la posibilidad de que los actuales contratistas puedan presentar cesionarios más adelante.
El exsuperintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano, calificó como precipitado el fallo de la Contraloría y agregó que traerá más perjuicios que beneficios.
“En el escenario de un fallo de responsabilidad fiscal y de reorganización se abren varias posibilidades e interpretaciones, que pueden al final del día significar la liquidación de las entidades y la paralización del proyecto”, expresó Liévano.
“Los representantes del Consorcio aseguraron que es imposible conseguir cesionarios ni hoy ni más adelante, una vez se produzca el fallo. Cesión de contratos no es viable”
“EPM podría intervenir el contrato al grupo constructor. Sería una figura menos traumática con el recurso humano, logístico y de equipos para terminar la obra faltante”
Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, explicó por su parte que ante este panorama, serán necesarios nuevos recursos y nuevos plazos, en virtud del contexto contractual del proceso con los constructores.
Asimismo, ante este tipo de incidentes contractuales, Jairo Espejo, director de infraestructura de Aciem, puntualizó que EPM podría intervenir el contrato al grupo constructor y asumir la administración.
Según él, con esta licitación, el cambio de los contratistas paralizaría la obra por completo y los riesgos de terminación de obra los asumiría EPM.
Con el mensaje de alerta temprana, la empresa buscaría dirimir las diferencias de la relación contractual.
Póliza de seguro espera el proceso de ajuste
Sobre al desembolso de la póliza de seguro por más US$2.500 millones, Andrés Uribe, vicepresidente de riesgo de EPM, dijo que es muy pronto para afirmar hitos en la reclamación o un cronograma de pagos por parte de Mapfre, la empresa aseguradora. Esto debido a que es necesario el proceso de ajuste.
“No podemos pretender que la aseguradora reconozca un valor total de las pérdidas, cuando estamos en proceso de determinación”, expresó el vicepresidente. La compensación por lucro cesante no se realizará hasta la entrada de las unidades.
Cabe resaltar que, esta determinación fue adoptada por el Tribunal Administrativo de Bolívar a través del auto interlocutorio 072 de 2026, firmado el 14 de abril en Cartagena
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