“Vamos a revisar posibles distorsiones de precios durante el fenómeno de El Niño"

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El fenómeno de El Niño, sobre el que las autoridades ambientales han alertado para la segunda mitad del año, está a la vuelta de la esquina y todos los actores de la cadena de suministro energético empiezan a prepararse, pues podría tener una fuerte incidencia no solo en las condiciones climáticas, sino que también podría presionar al gas y la electricidad.

Felipe Durán, superintendente de Servicios Públicos, explicó que una de las mayores preocupaciones de la entidad gira en torno a las tarifas, por lo que está realizando una vigilancia diaria sobre el comportamiento de los precios.

¿Podemos decir que, frente al fenómeno de El Niño que se avecina, ustedes van a controlar que no haya aumentos abruptos en las tarifas?

Nosotros lo que podemos garantizar es que estamos haciendo una vigilancia diaria, a través de un tablero de control, sobre el comportamiento de los precios y de los agentes. Sin embargo, será difícil controlar aquello que la regulación actualmente les permite hace

Es decir, existen discrecionalidades que ya están contempladas dentro del sistema actual y nosotros no podemos castigar o multar a una empresa por subir $20 o $30, porque, de cierta manera, el modelo regulatorio vigente permite ese tipo de movimientos.

En ciertos momentos, y este es uno de esos casos, cuando coinciden determinados comportamientos en situaciones concretas, nosotros vamos a revisar posibles distorsiones de precios, porque es lo que la regulación nos permite hacer.

Hay actividades que, eventualmente, podrían considerarse como una vulneración a la libre competencia, y es precisamente alrededor de ese concepto donde tenemos varias discusiones, porque 78% de la generación del país está en cabeza de cuatro empresas.

¿Están haciendo seguimiento a todos los actores de la cadena frente a El Niño?

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En este momento tenemos una agenda de visitas a los parques térmicos, porque también estamos vigilando los precios de las generadoras térmicas. Además, mantenemos un seguimiento permanente a los embalses de generación de energía, ya que aquí lo fundamental es garantizar que la energía en firme realmente responda durante un fenómeno de El Niño.

Hay un dato importante que los usuarios y la población en general deben conocer. Desde la creación del cargo por confiabilidad, los colombianos hemos pagado, a través de la factura de energía, cerca de $50 billones a las empresas acogidas a las subastas de obligaciones de energía en firme.

Ustedes iniciaron una investigación por la solicitud de Canacol de cancelar contratos de gas. ¿Cuáles son los hallazgos preliminares?

Lo primero es garantizar el cumplimiento de los contratos por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, que es la entidad que tiene directamente los contratos de operación con empresas como Canacol.

La entidad vigila los contratos de comercialización. Nosotros hemos venido haciendo seguimiento a todos los contratos que actualmente tiene Canacol con las empresas comercializadoras de gas y hemos requerido información para verificar si se han presentado incumplimientos en el suministro, especialmente en los contratos en firme, que hoy rondan los 80 Gbtud.

¿Canacol ha incumplido?

Hasta el momento, ninguna empresa nos ha reportado incumplimientos contractuales. También hemos mantenido un diálogo permanente con la ANH para revisar si los contratos de explotación de los pozos a cargo de Canacol han sido incumplidos y, hasta ahora, eso no ha ocurrido.

Activamos una vigilancia especial para revisar si realmente se estaban incumpliendo contratos en el sector, pero hasta ahora eso no está pasando.

¿Qué sucede si incumplen?

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Si llegara a ocurrir, algo que esperamos no suceda, la Superintendencia tendría que entrar con diferentes medidas de control. La más drástica podría ser una intervención. Esperamos no llegar a ese escenario ni tener que proteger el mercado mediante un proceso de ese tipo.

También hemos identificado un fenómeno de sobrecontratación en varias empresas. En el caso de Canacol, existe contratación en firme por cerca de 80 Gbtud, pero también una alta participación de contratos interrumpibles, una modalidad más flexible que ha venido creciendo en Colombia y que, en muchos casos, se negocia prácticamente día a día.

Eso evidencia la necesidad de que la contratación esté respaldada por capacidad física real de producción, porque hoy no necesariamente está ocurriendo, y ese es un llamado importante para los entes reguladores del país.

¿Qué encontraron en los sobrecostos de los comercializadores puros?

Uno de los casos que hemos identificado es el de comercializadores de energía que no tienen usuarios. A la luz del sentido común, eso no tendría mucha lógica: empresas que compran energía y luego la venden a otras comercializadoras que sí tienen usuarios finales. En la práctica, terminan funcionando como intermediarios.

Todos esos fenómenos de intermediación terminan impactando al usuario final. Hoy son legales y regulatorios, sí, pero el llamado que hacemos es a revisar estas dinámicas.

El perfil

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Es profesional en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia. Complementa su formación con una especialización en Proyectos de Desarrollo de la Escuela Superior de Administración Pública, Esap, y estudios de maestría en Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Colombia. Fue concejal de Zipaquirá durante dos periodos, entre 2008 y 2011, y entre 2020 y 2023. También se desempeñó como secretario de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Zipaquirá. Además, ocupó el cargo de subgerente de Educación, Cultura y Patrimonio en la Alcaldía de Cogua, Cundinamarca.