Aún hay 10 casos de límites interdepartamentales, reveló el Igac

El caso de Belén de Bajirá, municipio que se disputan los departamentos de Chocó y Antioquia, no está lejos de repetirse. En estos momentos hay 10 de estos casos en los que se deben definir los límites entre departamentos y 21 más entre municipios. Así lo señaló el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), Juan Antonio Nieto, en Inside LR, quien habló de la responsabilidad que tiene la entidad en este tipo de disputas.

El tema de Belén de Bajirá sigue en el radar, ¿cuántos casos como estos tiene Colombia o este es un tema atípico?
Hoy hay 10 casos de límites interdepartamentales y algo más de 21 casos de límites intermunicipales.
Lo de Belén de Bajirá es un caso que se viene trabajando hace 17 años. En 2007, el Igac había dicho que este sector se encontraba en Chocó. El Congreso acogió el informe del Instituto; sin embargo, se presentó una proposición sustitutiva y devolvieron el tema.

Entonces hubo dos leyes, la 62 de 1939 que tuvo vigencia hasta el año 2011, luego llega la 1447 y dice que el Congreso tiene tres años para que definan los trámites que se llevan a cabo. El Congreso no tomó ninguna decisión, se vencieron los tres años, y la misma ley estableció que el tema pasaba al Igac.

¿Cuál fue el resultado? Hicimos todo el procedimiento de identificación clara y precisa. Y hasta el momento el mapa de Belén de Bajirá está vigente. ¿Cuáles son los otros casos que comentó? ¿El Igac es el que va a decidir el tema?
Los límites departamentales en estudio por parte del Igac son: Meta-Caquetá-Guaviare; Atlántico-Bolívar; Boyacá-Santander; Antioquia-Córdoba; Norte de Santander-Santander; Norte de Santander-Cesar, en el sector de San Alberto-La Esperanza; Norte de Santander-Cesar, en los municipios de Aguachica, Río de Oro, Ocaña y El Carmen; Boyacá-Norte de Santander; Cauca-Huila; y Boyacá-Casanare.

Ahora, lo que se hace es que nosotros enviamos al Congreso, a las comisiones de ordenamiento de Senado y Cámara, los estudios de deslinde; y el Congreso dice que eso no es competencia de ellos, no hay un límite dudoso, entonces se devuelve. Si transcurrido un año el Congreso no toma una decisión, así lo establece la ley, entonces quedan como límites provisionales lo que el Igac establece.

Y hay algo así como 21 límites intermunicipales. En ese caso, la decisión la toman las asambleas departamentales.

¿Cuánto demora un proceso de delimitación?
El de Belén de Bajirá se demoró porque hubo cambio en la legislación, porque la ley dio unos plazos que se vencieron; pero cuando no existen estas situaciones, un poco atípicas respecto a los tiempos, un deslinde puede darse en un año. Quizás, llevándose al Congreso, pueden darse dos años.

¿Cómo va el tema de la actualización catastral en el país? ¿En qué se ha avanzado?
El punto número uno del acuerdo de La Habana estableció que se debe hacer la actualización del catastro rural. Colombia tiene algo así como 60% del territorio rural desactualizado catastralmente. Lo que se ha puesto en blanco y negro en un Conpes es la inclusión de unas modalidades, de una metodología, que es el Catastro multipropósito, en donde están variables que hoy no se contemplan.

¿En qué porcentaje de adelanto va este tema?
Aspiramos que cuando termine el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos podamos tener 25% del país mediante estas metodologías del barrido predial identificadas. Tenemos un espectro entre siete y 10 años en el que el país debe estar totalmente evaluado con estas nuevas metodologías. Esto inserta a Colombia como un país de punta en estas metodologías.

¿Existe alguna política o plan nacional para actualizar la cartografía colombiana?
Esa actualización se debe hacer cada cinco años; se supone que después de ese tiempo un municipio está desactualizado.
En la cartografía también hay una desactualización en Colombia, por eso hay un plan.

¿Cuánto cuesta hacer todo el plan de actualización?
En la fase de conformación, que es el barrido predial masivo serán $2,4 billones, y en la cartografía básica $600.000 millones aproximadamente, son cifras preliminares.

¿En dónde están las tierras más caras del país?
Hoy tenemos unas tierras identificadas con altos valores que se dan porque esas tierras tienen características, como por ejemplo la infraestructura con la que cuentan. Uno puede decir que una hectárea en el Vichada, de las mismas condiciones que en el Valle del Cauca, que tienen el mismo valor productivo, en el Vichada puede costar $500.000, pero en el Valle puede costar $10 millones o $20 millones.

¿Cómo está dividido el territorio colombiano en función de su actividad productiva?
Podríamos resumirlo en estas cifras que el Igac produjo y que validó el Censo Agropecuario. Tenemos algo así como 22 millones de hectáreas aptas para la agricultura, de esas se están utilizando apenas 5,3 millones. Por el contrario, hay como 17 millones de hectáreas aptas para la ganadería y se están utilizando 35 millones.

Es decir, aquí lo que se puede ver es una sobreutilización y una subutilización del suelo, y esa tendencia hay que revertirla. Pero no se trata de eliminar la ganadería.

En materia productiva, ¿Colombia aprovecha su tierra?
El Igac tiene un completo estudio sobre uso del suelo, esa radiografía está hecha, pero además hemos venido mejorando y precisando cada vez más. Hoy podemos decir que tenemos todo el país identificado en estudios detallados de suelo, hemos estado en toda la costa Caribe, hemos el ranking de los departamentos con mayor critica por sobreutilziación y subutilziación.

¿Cuáles son los departamentos que sobreutilizan y subutilizan los suelos?
En la Costa Caribe, Sucre es un departamento que ha afectado el suelo, tanto por el avance de la ganadería en áreas que podrían ser de agricultura, Norte de Santander tiene una situación crítica en ese sentido, y digamos que por zonas identificando ese ranking, pero el llamado fundamental es precisamente para que a través de los estudios se puedan mejorar y revertir estas situaciones.
¿Cuántos predios en Colombia tienen título y cuántos se calculan que estén en la informalidad?
Es justo lo que queremos lograr con el Catastro multipropósito, no tenemos un dato exacto, como no tenemos un dato exacto de baldios. Esa ha sido la gran pregunta que nos hemos hecho porque las cifras no son claras. Nosotros tenemos un análisis que hemos hecho que lo que sí muestra es una alta concentración en pocas manos y hemos clasificado en microfundios según el número de hectáreas.

¿Cómo ha cambiado el territorio nacional a raíz de cambio climático?
Hemos venido identificando que somos la autoridad en suelos del país, entre las tantas cosas que hacemos y que identificamos con los estudios es precisamente a través de las evaluaciones multitemporales que venimos haciendo. El Ideam tiene la primera responsabilidad para establecer el tema sobre bosques, pero nosotros también aportamos en ese estudio, yo creo que es innegable la manera como hemos ido agreiendo, especialmente en la zona sur, en Caquetá, Putumayo, Amazonía, allí las cifras son bastante inquietantes en tala de bosques, en construcción, en avance de la ganadería, en esas área que deberían ser de conservación, y no se trata de someter a poblaciones como hemos dicho en Caquetá que es la puerta de la Amazonía.

Ustedes hacen estudios de riesgos, ¿cuáles son las recomendaciones que hacen a los municipios para que no pasen casos como el de Mocoa?
Una de las frustraciones que tenemos es que no hemos podido lograr que los estudios de suelo que el Instituto hace tengan obligatoriedad en su aplicación, yo creo que alguna vez el papis tendrá que reconocer y obligarse que cuando esos estudios se hagan se tengan en cuenta por ejemplo en los planes de ordenamiento territorial, porque generalmente lo que estamos viendo en los POT es que se avanza en la expansión del suelo, es verdad que las ciudades requieren del suelo para construir y demás, peros e avanza sobre áreas que no deberían ser tocadas.

Buena parte de los desastres que han ocurrido en Colombia es que se han construido viviendas e infraestructura en rondas de río, en zonas de riesgo, eso está identificado en los informes del Instituto. ¿cuál es la recomendación? que los estudios entregados a los alcaldes y gobernadores puedan ser usados para evitar las tragedias.