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Ex miembros de las últimas juntas directivas de EPM dicen que el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero, miente sin pudor para engañar a la opinión pública
Los ex miembros de la junta directiva de EPM que renunciaron “obligados” en agosto de 2020, los que integraron la junta del período 2016-2019 y miembros de juntas directivas anteriores, acusaron al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, de mentir en un artículo que publicó en la revista Semana titulado: “Que paguen”, y dijeron que lo hace “sin pudor” para confundir a la opinión pública.
En una columna publicada en Semana, los ex directivos reiteran que, a la fecha, Quintero no ha podido desvirtuar que la causa de la contingencia se originó por razones imprevisibles e irresistibles de la naturaleza.
“Pero ya sus palabras y sus argucias (explican, aludiendo a la columna de Quintero) en vez de darle brillo, lo hunden en su propia insensatez, que solo demuestra su falta de buen juicio y prudencia en su actuar. Su afirmación, comparando lo sucedido en Hidroituango, con lo que refiere de la hidroeléctrica de El Guavio, es despreciable, injusta e inapropiada”.
Reiteran que durante la contingencia, tres principios guiaron la actuación de la junta directiva del período 2016-2019: primero, la Vida, segundo el Medio Ambiente y tercero, el Proyecto. “Con estas prioridades se afrontó y superó la crisis, se inició y consolido la recuperación del proyecto, incluida la reclamación del seguro, el reconocimiento del siniestro y el pago del riesgo asegurado; igualmente se dejó clara la hoja de ruta para la puesta en operación del proyecto”.
En la columna, señalan que si la administración actual hace bien las tareas, en especial ante Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., y las reaseguradoras, en relación con la póliza de seguros todo riesgo, éstas continuarían pagando y cubriendo la totalidad del siniestro y con ello no se perderá ni un solo peso.
“A la fecha, las aseguradoras ya han cancelado la suma de US$350 millones, lo que en pesos colombianos equivale a $1,3 billones. Las cifras del Alcalde Quintero pretenden confundir, pero las reales, finalmente están documentadas. El proyecto, antes de la contingencia, tenía un presupuesto de $$11,4 billones. La diferencia con el valor actual del proyecto tiene cobertura asegurada”, explican.
La columna está firmada por Carlos Guillermo Álvarez Higuita, Luis Fernando Álvarez Jaramillo, Luis Fernando Arbeláez Sierra, Jesús Aristizábal Guevara, Tatiana Aristizábal Londoño, Alberto Arroyave Lema, Andrés Bernal Correa, Rubén Hernando Fernández Andrade, Oswaldo León Gómez Castaño, Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, Claudia Jiménez Jaramillo, Gabriel Ricardo Maya Maya, Manuel Santiago Mejía Correa, Elena Rico Villegas y Carlos Raúl Yepes Jiménez.
Recientemente, la Contraloría General de la República (CGR) responsabilizó a 17 personas naturales y nueve empresas contratistas de los problemas del proyecto Hidroituango y los conminó a pagar $4,3 billones.
Sin embargo, el fallo ha sido criticado y señalado de erosionar la confianza inversionista. De hecho, empresarios, gremios y líderes de opinión han cerrado filas en defensa de los contratistas de Hidroituango.
En una columna publicada este sábado en El Tiempo, Sergio Clavijo, ex presidente de Anif, señala que fallos como el de la Contraloría “solo ocurren en Colombia, donde organismos de control gustan de ‘justicia-espectáculo’, habilitados como jueces supremos basados en autoperitajes, sin experticia en macroproyectos de ingeniería”.
“El veredicto factual de las ‘asustadurías’ en Colombia ha sido que si algo salió mal (previsible o no, innovador o no), alguien debe pagar por ello y ojalá con su propio bolsillo para generar ‘escarmiento’”.
A juicio suyo, se trata de un enfoque errado y políticamente peligroso, pues la función innovadora queda abolida, al tiempo que paralizan obras rescatables, como Hidroituango. “Pero claro, si la métrica de triunfo es inventariar elefantes blancos, pues ello les dará réditos políticos a las ‘asustadurías’. Nada de esto ayudará al aprendizaje y, además, espantarán del sector público a técnicos bien intencionados. ¿Acaso deben ser estos los objetivos de los organismos de control: pavimentarse carreras políticas?”.
Por otra parte, en un editorial, El Espectador señaló que la Contraloría tiene la mala práctica de privilegiar la rimbombancia sobre un trabajo juicioso y coherente con los fines que le impone la Constitución.
“El caso de Hidroituango no es diferente. En una decisión con más de 2.000 páginas, la Contraloría se ha presentado ante el país como la guardiana de los recursos públicos. Condenó en primera instancia a una serie de políticos de alto nivel por un supuesto detrimento patrimonial de $4,3 billones por los retrasos en la construcción de la obra”.
Agrega que, en el proceso, ha arrastrado con la reputación de empresas claves para el país y con larga historia de ejecución transparente de recursos públicos.
“Cualquiera pensaría, por los comunicados de la Contraloría y el decir de sus funcionarios, que estamos ante una heroica defensa contra la corrupción. El problema es que nada lleva a mostrar que hubo corrupción. La propia Contraloría lo reconoce al imputar a todos los responsables por culpa grave, mas no por dolo. Ninguna de las pruebas recolectadas por los expertos investigadores apunta a que se hayan robado esos $4,3 billones que supuestamente perdieron los colombianos”.
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