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Proceso de reestructuración de Canacol
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Autorizaron a la compañía a utilizar como garantía 9% del total de sus activos en el país dentro de su reestructuración
Canacol Energy, empresa que abastece cerca de 17% de la demanda de gas natural del país, atraviesa un proceso de reestructuración financiera.
La compañía se declaró insolvente en 2025 debido a sus altos niveles de endeudamiento y problemas de liquidez. Como parte de ese proceso, a inicios de mayo solicitó ante una corte de Canadá la terminación de 19 contratos de suministro de gas.
La situación generó preocupación en el sector energético por el posible impacto sobre el abastecimiento de gas. Sin embargo, la Superintendencia de Sociedades adoptó medidas para facilitar la continuidad de las operaciones de la empresa en Colombia. La entidad autorizó la constitución de gravámenes prioritarios sobre algunos activos de Canacol en el país, lo que permitirá utilizarlos como garantía dentro del proceso de reestructuración.
En la práctica, esto significa que la compañía podrá utilizar parte de sus activos como garantía para respaldar obligaciones relacionadas con su proceso de reestructuración, obtener financiación y cubrir los gastos necesarios para mantener su operación. Las obligaciones respaldadas ascienden a cerca de US$166 millones, cifra equivalente a 9% de los activos reportados por la compañía en el país, valorados en aproximadamente US$1.848 millones.
La superintendente de Sociedades (e), Nini Johanna Castañeda, aclaró que la autorización de los gravámenes no implica la venta de activos ni el pago inmediato de deudas.
“La autorización de los gravámenes no implica la transferencia de activos, su enajenación inmediata ni el pago automático de acreencias.
Su efecto consiste en constituir mecanismos de garantía sobre determinados bienes, en los términos previstos en la decisión adoptada”, señaló. Según indicó el órgano de control, la decisión fue adoptada tras evaluar sus posibles efectos sobre los acreedores y demás partes interesadas.
Para Castañeda, la continuidad de una empresa en marcha genera más valor que su desintegración. Por eso, en los procesos de insolvencia transfronteriza, las herramientas que permiten sostener la operación, preservar el empleo, atraer financiación y maximizar el valor de los activos no constituyen privilegios indebidos, sino mecanismos necesarios para proteger el interés colectivo de los acreedores y favorecer una recuperación empresarial ordenada.
“La cooperación judicial internacional y la protección de los acreedores locales no son objetivos opuestos; son principios complementarios que deben coexistir para lograr soluciones efectivas en escenarios empresariales cada vez más globales”, afirmó.
“Los gravámenes autorizados comprenden activos vinculados a la operación empresarial. No obstante, se excluyó el contrato de fiducia mercantil suscrito con Promigas”.
Tras conocerse la decisión de la Superintendencia de Sociedades, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, realizó una verificación de algunos de los activos de Canacol.
Puntualmente, inspeccionó los campos Esperanza, VIM-5, VIM-21 y VIM-44, incluidas las estaciones Jobo y Clarinete. Estos activos se encuentran ubicados en la cuenca del Valle Inferior del Magdalena, entre los departamentos de Sucre y Bolívar.
En la inspección realizada por la ANH se evidenció que Canacol destinó US$109 millones en 2025 y otros US$19,7 millones entre enero y abril de 2026 a actividades de perforación y reacondicionamiento de pozos.
Estos recursos han financiado la ejecución de pozos exploratorios y de desarrollo, así como el montaje de sistemas de compresión en cabeza de pozo para optimizar la presión de flujo y mejorar la eficiencia operativa. La inversión también tiene como objetivo sostener los niveles de producción.
Según afirmaron, el epicentro fue en San José del Palmar, Chocó, con una profundidad de 96km. En el caso de Bogotá, aún no se presentan afectaciones ni daños estructurales
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