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Desde Moody's advierten que la medida de la Contraloría aumenta la incertidumbre sobre la entrada en operación del proyecto
Aunque todavía no se conoce la dimensión y el alcance del embargo de la Contraloría a contratistas de Hidroituango, la incertidumbre revivió las dudas sobre la fecha de entrada en operación del proyecto, lo que podría tener un efecto negativo negativo en la calificación crediticia de Empresas Públicas de Medellín (EPM).
“La orden de embargo a cuentas de contratistas de Hidroituango podría retrasar el inicio de operaciones del proyecto esperado para mediados de 2022, lo cual sería un factor crediticio negativo para EPM”, dijo Roxana Muñoz, analista de Moody’s Investors Service.
Cabe recordar que en febrero de este año otra calificadora, Fitch Ratings, emitió un comentario sobre la nota de la empresa (BBB- con perspectiva negativa), en el que señaló que la resolución de la perspectiva negativa puede tardar más de seis meses por las incertidumbres asociadas a Hidroituango.
Cabe recordar que, en el marco del proceso de responsabilidad fiscal que adelanta la CGR por fallas en la planeación y la ejecución del proyecto hidroeléctrico, con un daño fiscal estimado en $4,1 billones, se conoció un auto que ordena el embargo preventivo de las cuentas y bienes de Integral S.A., uno de los integrantes del Consorcio Generación Ituango, diseñador y asesor del proyecto.
Todo parece indicar, además, que habrá embargos adicionales a otros contratistas, lo que ha revivido las dudas sobre el ya ajustado cronograma de Hidroituango, en cuanto esa medida bloquea la capacidad operativa de las empresa, al impedir, entre otros, los pagos a los proveedores o de la nómina.
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