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El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, se reunió con ejecutivos de la compañía Gas Natural Fenosa. El objetivo de este encuentro fue notificar la decisión que tomó el Gobierno sobre el futuro de Electricaribe.
El abogado y experto en energía César Lorduy, dijo que “el camino que emprendió Electricaribe conduce a que los problemas deben ser superados. Sin embargo, se deben comprometer a mejorar muchas dificultades que han tenido y tal como lo ha venido haciendo la Superintendencia de Servicios Públicos”.
Según los analistas las soluciones tienen que ver con mayor inversión, solucionar los temas de los recursos sin ejecutar, resolver el tema de los morosos y en términos generales aumentar la capacidad para disminuir los apagones.
Hasta el momento, Gobierno se ha gastado casi $420.000 millones, de los cuales $300.000 salieron de un fondo que se entregó a la Superintendencia de Servicios Públicos, y $120.000 de la misma Superintendencia que tenía guardados, según Lorduy.
Las soluciones que están buscando llegarían en buen momento, ya que las presiones internacionales y nacionales no dejan de llegar a la distribuidora y a sus administradores.
Según medios internacionales, Gas Natural Fenosa volverá a reunirse esta semana con los directivos colombianos de Electricaribe y el ministro Arce, con el fin de evitar la liquidación y realizar un acuerdo con las autoridades nacionales.
Además, desde Bruselas, llegó un comunicado de la Comisaría Europea de Comercio, que indicó que va a mediar con las autoridades colombianas para llevar a buen termino la problemática que envuelve a los usuarios. Por otro lado, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, afirmó que la Organización de Empresarios españoles utilizó mal una cita del gremio en el cual determinaba que no había seguridad jurídica en el país.
Cabe recordar que la Superintendencia asumió en noviembre pasado la tarea de lograr que los 2,5 millones de usuarios que dependen de Electricaribe vean normalizado el servicio, lo que en su momento el superintendente José Miguel Mendoza, calificó como un “camino largo”.
En caso de incumplir con la medida, se verá sujeto de pagar una multa por $604.100 que se suma a la inmovilización del vehículo
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