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ECONOMÍA

El reto: lograr una reforma tributaria equitativa

sábado, 8 de octubre de 2016
Foto: Miguelyein
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Álvaro José Cobo Soto

Por supuesto se debe investigar a las entidades con conductas irregulares en cuanto al régimen tributario especial que les permite acometer actividades en beneficio de unos pocos. No es el caso de las Cajas de Compensación Familiar y no deben ser medidas bajo el mismo rasero, más aún cuando está demostrada su gestión e impacto económico y social. 

Al analizar la naturaleza de los ingresos, principal ítem de una obligación tributaria, según la finalidad de los recursos en las Cajas de Compensación Familiar solo se encuentra exento del impuesto de renta, el recaudo de 4% de ingresos parafiscales. Las actividades externas a este responden tributariamente de acuerdo con la prestación de cada servicio, incluyendo las obligaciones laborales y sociales que deriven. 

Una crítica juiciosa para mejorar el esquema tributario y lograr una gestión progresiva de su recaudo, solo podría concluir que las Cajas han logrado una importante gestión por el progreso del país, el recaudo de 4% es de los trabajadores y sus familias, se traduce en servicios y subsidios de vivienda, recreación, turismo, salud, educación y empleo formal. Beneficia más de 24 millones de personas, la mitad de la población.

En 2015, en cuota monetaria se entregaron $1,56 billones, reduciendo en 106 puntos básicos el nivel de desigualdad. 70.000 hogares tuvieron casa propia, con subsidio de vivienda, entre 1991 y 2015 llegaron a 886.400 familias con recursos por $10 billones. El año anterior, 264.000 personas recibieron programas de nutrición; 65,5 millones y 47 millones de usos se prestaron en turismo y recreación. 550.000 personas, 95,37% con menos de cuatro salarios, mínimos accedieron a crédito social con $4,4 millones promedio. Más de 500.000 beneficiarios de la jornada especial complementaria; programas de atención integral a la niñez, a la población en condición de discapacidad y al adulto mayor. 

Contrario a las críticas estos son aportes de una prestación social inscritos en el Sistema de la Seguridad Social colombiana. Son recursos de los trabajadores, pretender gravarlos, como cualquier actividad comercial, implica una carga fiscal adicional. Sería un impuesto regresivo que afectaría prestaciones que benefician a la población con menores ingresos, 75% devenga entre uno y dos y 15%, entre tres y cuatro, salarios mínimos. 

Debemos promover debates que permitan establecer la naturaleza de las entidades, los impuestos a generar y su finalidad. Las entidades sin ánimo de lucro, en particular las Cajas han sido por seis décadas agentes de cambio y equidad con fortaleza institucional para llevar oportunidades a millones de colombianos. 

El reto es lograr una Reforma Tributaria que procure la generación de opciones para la gestión social, donde todos seamos escuchados.

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