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El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que presentó el alcalde Gustavo Petro bajo el decreto 364 de 2013, tiene hasta junio para salir victorioso de la suspensión.
Luego de que el Consejo de Estado enviara un comunicado en donde asegura que es “no es competente para conocer la demanda contra el Decreto Distrital”, la Sala Plena determinó que debe ser un juez administrativo quien dicte el fallo. El nuevo POT solo tiene seis meses porque por ley todas las ciudades deben cambiar su normatividad territorial, que empata con la nueva administración en 2016. Si dentro de los próximos meses no hay un juez que dicte un fallo definitivo, el intento del alcalde por modificar el POT vigente (190 de 2004), habrá sido en vano así como el ajetreo que tuvieron que vivir las constructoras en la ciudad y hasta el IDU para los permisos de licencias.
La secretaria general de la Alcaldía, Martha Lucía Zamora, dijo que hoy el distrito recibirá el comunicado oficial sobre el pronunciamiento. “Consideramos que en menos de seis meses podremos tener un fallo de un juez gracias al nuevo Código Contencioso que permite desarrollar los procesos más ágiles”. Zamora asegura que la diligencia en el Consejo de Estado se demoró más porque la dinámica en estas corporaciones así lo requiere. Por el lado de los constructores, donde se dicte un fallo antes de seis meses habrá dos efectos.
Carlos Arango, presidente de la Constructora Bolívar, asegura que si el fallo es a favor del MePot (364 de 2013) durará vigente más de un año mientras el Concejo aprueba una nueva propuesta, y también llegará la incertidumbre a las empresas que otra vez deben maniobrar en la toma de decisiones. Lo mismo confirma Jorge Enrique Gómez presidente de la Lonja de Bogotá que está a la expectativa de un pronunciamiento de las autoridades para ver si regresan las constructoras que migraron.
Las Opiniones
Martha Lucía Zamora
Secretaria general de la alcaldía mayor de Bogotá
“Estamos esperando la notificación del Consejo de Estado. Consideramos que en menos de seis meses podremos tener un fallo de un juez gracias al nuevo Código Contencioso”.
El proceso está liderado por el Ministerio de Minas y Energía, la Dirección General Marítima y la Agencia Nacional de Hidrocarburos
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