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En manos del Consejo de Estado quedó el debate sobre la conveniencia de que el Gobierno deba seguir entregando o no viviendas gratuitas, un asunto que dividió las posiciones del Ministerio de Vivienda y la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Con la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, que desde ayer afecta a candidatos presidenciales, se retomó el debate sobre las actividades que puede desempeñar el presidente Juan Manuel Santos y su gabinete.
Frente al tema, el procurador Alejandro Ordóñez, había dicho que no se podrán hacer inauguraciones de obras ni celebrar contratos interadministrativos. Pero el ministro Luis Felipe Henao aseguró que en la entrega de las casas no se firman esta clase de contratos y que, como funcionario, la Ley lo afecta desde el 25 de enero. Como aún no hay acuerdo, el Ministerio solicitó al Consejo de Estado que emita un concepto sobre cómo deben proceder. Se espera que se conozca esta semana.
Si el Consejo llega a favorecer a la Procuraduría, la cartera tendrá que buscar las alternativas para seguir con el proceso.
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