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Por un lado la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), redactó una serie de propuestas concretas al Congreso de la República con el fin de modificar los puntos que hay en materia de renta para los emprendimientos del sector; la exclusión de IVA en maquinaria para todas las actividades agrícolas; revisar la tasa de 5% de gravamen sobre aceites y grasas de uso doméstico, que como está en el Proyecto de Reforma pasarían de un 16% a 19%; la modificación de los límites propuestos para deducción de pagos en efectivo; y estudiar los controles a la parafiscalidad; entre otros aspectos tributarios contemplados para 2017.
De acuerdo con Angela María Orozco, presidente de la Asociación Colombiana de la Industria de Grasas y Aceites Comestibles (Asograsas), “la reforma tributaria grava la canasta familiar con un IVA de 19 % para el segundo grupo de alimentos de mayor consumo en el mundo que son los aceites y las grasas, después de los cereales, según la FAO”.
Por su parte, el presidente ejecutivo de Fedepalma, Jens Mesa, sostuvo que “el aceite de palma es un producto 100 % colombiano, que se cultiva en regiones apartadas del territorio nacional, en donde los cultivadores están haciendo patria a pesar de sus dificultades y la vulnerabilidad de sus zonas, y por ello no se comprende la razón del gravamen a este esfuerzo, que genera pérdida del mercado local para este aceite por cuenta del diferencial del IVA”.
La SAC en un informe publicó que para los empresarios del sector agropecuario resulta fundamental que la política tributaria tenga en cuenta las condiciones particulares actuales y futuras de la economía rural. Por ejemplo, en el caso del recorte en el presupuesto sectorial, el cual ha venido disminuyendo drásticamente y pasaría de $2,5 billones en 2016 a $2,1 billones en 2017 (con el ajuste sobre el presupuesto aprobado en el Congreso de la República) es decir una variación de 16% menos.
Con estas quejas, algunos representantes gremiales del sector esperan poder llamar la atención en las dificultades que se verían en el agro en caso de aprobarse la reforma tributaria, así como con el menor ingreso a los productores con el recorte del presupuesto general de la nación.
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