Echavarría, la carta criolla de los empleadores en la OIT

La alta responsabilidad en esta agencia de las Naciones Unidas fue asumida tres semanas atrás por Alberto Echavarría Saldarriaga, quien desde 1996 es vicepresidente de Asuntos Jurídicos y Sociales de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi). Este gremio cúpula ha defendido desde hace más de 50 años los intereses de los empleadores en la OIT, donde también tienen asiento los gobiernos y los trabajadores.

Luego de 18 años de asistir a la Conferencia Internacional del Trabajo, en Ginebra (Suiza) y fungir durante nueve años como uno de los 66 miembros adjuntos de la "junta directiva" de la OIT, ahora Echavarría jugará de titular por tres años.

Su nombramiento no es gratuito y ha sido fruto del apoyo de empleadores latinoamericanos que lo delegaron como su nuevo vocero en la mesa en la que se sientan tres veces al año 56 representantes (28 gobiernos, 14 trabajadores y 14 empleadores).

Asimismo, Echavarría ha tenido un papel activo en las deliberaciones como miembro desde hace 6 años del Comité de Libertad Sindical, órgano de control de la OIT, y uno de los delegados de los empresarios que discute las bases del trabajo de la Comisión de Normas que, por demás, tiene a Colombia dentro de su llamada "lista negra" de 25 países por incumplir convenios suscritos por el gobierno (ver Cómo funciona).

Entre tanto, tienen su puesto entre los 66 miembros adjuntos del Consejo Administración el Gobierno colombiano, mediante el Ministerio del Trabajo, y los trabajadores del país, con Miryam Luz Triana Alvis, secretaria General de la Confederación General de los Trabajadores (CGT), después de que el presidente de esta central obrera, Julio Roberto Gómez, estuviera por 9 años como miembro principal del Consejo de Administración, donde ahora Echavarría tiene lugar.

Justamente desde la orilla sindical se le reconoce a este abogado antioqueño su protagonismo en los debates en distintas instancias de la OIT, pero también le critican sus posturas frente al reconocimiento de derechos como la huelga, a la luz del convenio 87 de la OIT (ver En un minuto y Análisis).

A su regreso de Ginebra, en entrevista, Echavarría habló del logro de los empresarios en la OIT, lo que se propone impulsar allí y los ajustes que considera debe hacer el segundo gobierno de Santos en materia laboral.

- ¿Cómo hizo para alcanzar la titularidad de la Andi en la OIT?

Con una relación constante de visibilidad, no solo de temas colombianos, sino de cómo se abordan los asuntos laborales para el mundo. Antes de las elecciones para el Consejo de Administración hay reuniones por regiones y fui postulado por Brasil, titular en el Consejo, para llevar la vocería de los empleadores latinoamericanos, mientras ese país quedó como adjunto.

- Con esa "palomita" que dio Brasil, ¿qué significa para las empresas colombianas su nombramiento?

Un compromiso mayor de Colombia frente a los intereses laborales de la región y la manera en que se plantean las políticas mundiales de trabajo. Y no necesariamente es una "palomita", pues cuando se escalan posiciones en la OIT, se puede mantener la representación. Por ejemplo, en la última Conferencia fui portavoz mundial de la Comisión de Políticas de Empleo, una de las cuatro que hubo.

- ¿Qué temas impulsará en el Consejo de Administración?

Continuaré promoviendo la buena imagen del empresariado latinoamericano ante el mundo, en su papel responsable, porque, lo usual es proyectar la idea de un retraso, como una región a la que solo hay que brindar asistencia y cooperación.

- ¿Y cuál es el tema que más inquieta a empleadores de Colombia y América Latina?

La necesaria tercerización frente a una resistencia a aceptarla en la región. Esto ha llevado a una discusión compleja en que se parte de que los derechos laborales solo se respetan si la contratación es directa y a término indefinido. Hoy el mundo se comporta de manera distinta, mientras en el ámbito nacional existe la percepción de que debe haber una legislación laboral más protectora, más que facilitar procesos para generar empleo con responsabilidades del trabajador y del empleador.

- ¿A qué se refiere?

Debe haber estímulos para que las empresas colombianas se sostengan en el tiempo y, por tanto, generen empleo que se vuelva decente. Si, por el contrario, se protege exclusivamente los derechos laborales, se quedará en el escenario de la teoría, porque la realidad desborda la norma.

- ¿La alta informalidad laboral también está entre las tareas?

Claro, y no solo es un problema en Colombia, pues el promedio de informalidad laboral latinoamericano también es cercano al 50 por ciento. Por eso hay que trabajar en simplificación de mecanismos para formación de empresas y de empleo formal. Cuando se ponen demasiadas cargas y trabas, la tendencia es a la informalidad y a la competencia desleal por esa misma vía.

- Como miembro del Comité de Libertad Sindical, ¿le inquieta que de las 134 quejas en estudio, 90 provengan de América Latina?

Hay la visión en la región de que el Comité lo resuelve todo, es similar a lo que ocurre con el uso de la acción de tutela en nuestro país. De hecho, Colombia tiene 14 casos, el segundo país en quejas después de Guatemala. Por eso he planteado en la OIT que si los países tienen mayor gravedad por el mayor número de quejas o, al contrario, tienen mayor libertad por aportar más quejas. Por eso mi debate hoy en ese comité de control es si se tiene el instrumento adecuado para atender las necesidades de las libertades sindicales.

- Pero igual lo que diga el Comité se asume como jurisprudencia en Colombia…

Las recomendaciones tienen un alcance muy particular que no son entendidas claramente en Colombia. La Corte Constitucional se ha pronunciado de manera reiterada diciendo que las recomendaciones son obligatorias, en vista de que Colombia al adherir a la OIT y ratificar los convenios, lo que digan sus órganos de control es vinculante. Pero los que estamos en el Comité sabemos que el mecanismo de seguimiento no es de un tribunal, porque no se practican pruebas y lo que se señalan son orientaciones de cómo debe entenderse un convenio, más de un alcance moral y orientativo que jurídico.

- Entonces, ¿qué responde cuando las centrales obreras afirman que en Colombia se incumplen los convenios de la OIT?

Los trabajadores han insistido en ese punto, lo que respetamos plenamente, y claro que los empleadores reconocemos que hay insuficiencias. Pero por eso los empleadores decimos que no se deben ratificar más convenios (el país ha firmado 61 de los 189), porque si hay la visión de que se incumplen, la respuesta debe ser atender lo que se considera que no se cumple. El tema tiene muchos matices, pues son normas bastante generales y los esquemas que se aplican no siempre apuntan a incumplimiento.

- ¿Cómo evalúa el rol del gobierno colombiano frente a los convenios?

Hemos visto la propensión muy grande de los últimos gobiernos a atender los temas laborales, más allá de solo ratificar convenios. Nuestra legislación laboral es una de las más avanzadas del mundo, además la jurisprudencia es de las más progresistas. Por eso decir que aquí se incumplen los convenios de la OIT es una aspiración a ver solo el vaso medio vacío.

- ¿Y en Colombia si funcionan bien las instancias de diálogo social?

La Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales es ejemplo de ello, incluso para sentarse a discutir el incremento del salario mínimo, algo que poco existe en el mundo. Lo que pasa es que en aquí no nos comparamos, sino que nos quejamos.

- Entre tantas divergencias entre empresarios y trabajadores, ¿hay puntos de encuentro?

Hemos identificado que ambos somos interlocutores legítimos, nos reconocemos en la diferencia e identificamos puntos comunes como para acordar el último ajuste del salario mínimo. Eso ya es un avance hacia una democracia más madura, para construir un mejor diálogo social, un mejor entendimiento como aporte a la paz.

- ¿Qué decirle a los empleadores que buscan más ganancias a costa de los trabajadores?

Si el 50 por ciento de la economía está en la informalidad es evidente que hay un incumplimiento. Por eso consideramos que la inspección laboral se debe volcar al empleador informal, no al formal. Ese es un punto en que debe enfatizar mucho más el Gobierno.

- Justamente, ¿cuáles deben ser temas laborales prioritarios en la agenda del segundo gobierno de Santos?

Se debe clarificar el tema de intermediación laboral, particularmente, el concepto de actividad misional permanente, porque se están presentando confusiones y se está estigmatizando la tercerización. Más allá de la pretensión empresarial, habría que pensar en cómo simplificar las estructuras laborales para que la gente las entienda fácilmente y las atienda formalmente. Para simplificar la manera de remunerar laboralmente, se necesita una reforma legislativa.