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La Sociedad Hidroituango advirtió a Empresas Públicas de Medellín, EPM, que la haría responsable por las pérdidas en el megaproyecto
Después de que un Consejo de Gobierno de la Alcaldía de Medellín aprobara vigencias futuras a EPM por $1,1 billones, que le permitirían abrir una nueva licitación para el proyecto de Hidroituango, el Alcalde Daniel Quintero fue más allá y señaló que si los contratistas no ceden el contrato el 15 de noviembre iniciaría un proceso de licitación.
Quintero afirmó que este es solo un plan de contingencia previendo que quede en firme el fallo de la Contraloría y estos estén inhabilitados.
Sin embargo, el diputado Luis Peláez señaló que EPM dejó vencer los términos para notificar a los contratistas si tenía intenciones de que no continuaran en el desarrollo de las obras de Hidroituango más allá del 31 de diciembre del 2021.
Se trata de una posición similar a la que sostienen los abogados del consorcio constructor, según la cual EPM no les notificó en julio una intención de no querer continuar con ellos la ejecución de las obras de Hidroituango, por lo que si la decisión de la empresa es que se retiren -sin un fallo en firme de la Contraloría- esta cláusula les daría argumentos para demandar a la compañía de servicios públicos.
Después de eso, y haciendo uso de la figura de “alerta temprana”, la Sociedad Hidroeléctrica Ituango, dueña del proyecto Hidroituango, advirtió al gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, que si se llegaran a generar perjuicios económicos por un cambio de contratista, por la supuesta intención de salida del Banco Interamericano de Desarrollo del proyecto, por dificultades con la licencia ambiental o por retrasos en la entrada en funcionamiento del complejo energético, ella, como responsable de construir la central, deberá asumir toda la responsabilidad.
La carta está firmada por Javier Darío Toro, gerente de la Sociedad, cuyos propietarios son la Gobernación y el Idea, con el rótulo de “Alerta temprana -Incumplimiento obligaciones Boomt y administración de la licencia ambiental”.
Toro también señala que EPM no ha aportado información oportuna sobre los posibles riesgos e impactos del anunciado cambio de contratista para la construcción de las obras de la hidroeléctrica.
El panorama está rojo, con una previsión de $4 billones en utilidades y $30,5 billones en ingresos, una caída cercana al 29% y 21%
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