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El presupuesto nacional para 2025 presenta un déficit de $12 billones, lo cual limita el margen de acción.
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Para analistas, el sector no puede quedarse esperando a que el Congreso logre consensos para sanear las finanzas del sistema energético
En diciembre de 2024, la deuda del sector energético ascendía a $2,5 billones, correspondiente a subsidios pendientes con empresas de energía y gas, según la firma CMS Rodríguez-Azuero. Si bien el Gobierno Nacional anunció resoluciones para realizar giros al sector, todavía hay montos significativos por pagar. Para la firma, la deuda acumulada para 2025 asciende a $3,5 billones con corte a marzo. A esto se suma una deuda adicional por opción tarifaria, que alcanza aproximadamente los $3 billones.
En relación con las medidas legislativas necesarias para corregir el rumbo del sector, la firma señaló que no basta con la expedición de nuevas leyes. Advirtió además que el sector no puede quedarse esperando a que el Congreso logre consensos sobre las reformas propuestas del Gobierno Nacional para sanear las finanzas del sistema energético.
Mónica Torres, council de CMS Rodríguez-Azuero, explicó que las reformas pueden implementarse con base en el régimen constitucional y legal vigente, pero que se requiere una actuación decidida por parte del Ministerio de Minas y Energía y de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg. Esto, tanto para asegurar el pago de los subsidios actualmente contemplados por la ley, como para impulsar reformas estructurales sostenibles a largo plazo.
En cuanto a la empresa de servicios públicos Air-e, que opera en la región Caribe y actualmente se encuentra intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos, se reiteró su situación crítica. Según Torres, los impagos del Estado están generando una "bola de nieve", que desencadena incumplimientos por parte de otros agentes del mercado, comprometiendo así la prestación del servicio de energía eléctrica.
Respecto a la reforma anunciada recientemente por el Ministerio de Minas y Energía, cuyo objetivo es modificar el régimen de servicios públicos y abordar temas como la opción tarifaria y la estratificación, se informó que requerirá cuatro debates en el Congreso, lo que implica que su trámite podría extenderse.
Finalmente, se advirtió sobre el impacto fiscal de la situación. El presupuesto nacional para 2025 presenta un déficit de $12 billones, lo cual limita el margen de acción del Gobierno para atender las obligaciones del sector.
El exministro de Minas y Energía, Amílkar Acosta, señaló que ese Ministerio ordenó pagos por $1,8 billones a empresas distribuidoras de energía, y $564.000 millones a compañías distribuidoras de gas, en el marco de los subsidios establecidos. Sin embargo, estos desembolsos no logran cubrir la totalidad de la deuda acumulada.
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