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Colombia atraviesa una de sus encrucijadas más complejas. La inseguridad dejó de ser un problema focalizado para convertirse en una amenaza generalizada que afecta la vida cotidiana de millones de colombianos. Las comunidades viven bajo el temor constante de la violencia, el control territorial de actores armados ilegales y la pérdida de oportunidades. Hoy están en juego derechos fundamentales: el derecho a vivir sin miedo, a trabajar con dignidad y a acceder a servicios esenciales como la energía.
Esta crisis de orden público, protagonizada por disidencias, narcotraficantes, grupos armados ilegales y estructuras criminales locales, ha golpeado con dureza a las regiones, que concentra buena parte de la actividad productiva. En ese contexto, el sector de los hidrocarburos no es la excepción: ha sido blanco directo de ataques, bloqueos y amenazas que afectan a las empresas, trabajadores, las comunidades, el medio ambiente, la estabilidad energética nacional y la sostenibilidad fiscal.
En 2024, la industria del petróleo y gas en el país enfrentó entre dos y tres bloqueos diarios; Meta, Casanare y Arauca entre los departamentos más afectados. Lo que implicó pérdidas para el país: se difirieron más de 4,1 millones de barriles de petróleo que representaron dejar de recaudar cerca de $160.000 millones en regalías, recursos vitales para los presupuestos nacionales y locales. Sin duda, una factura que terminamos pagando todos los colombianos.
Este año, la situación se viene repitiendo con mayor gravedad. El oleoducto Caño Limón - Coveñas sigue inhabilitado desde octubre de 2024 por ataques de grupos armados al margen de la ley. En el Meta, algunos campos han sido objetos de continuos bloqueos y en Sucre también se han registrado situaciones que impactan las operaciones clave para el desarrollo de proyectos de gas. Todo esto influye en las inversiones del sector, la generación de empleo, el desarrollo territorial y el abastecimiento energético.
Desde la ACP valoramos la búsqueda de salidas negociadas al conflicto y a esta grave crisis. Sin embargo, la estrategia de “Paz Total” necesita ajustes urgentes y debe replantearse con garantías para los colombianos. No se puede permitir que bajo su amparo se consoliden estructuras criminales que actúan impunemente. Urge distinguir quiénes tienen voluntad real de avanzar hacia la legalidad y quiénes no, y en los casos en que esa voluntad no exista, el Estado debe ejercer su autoridad legítima, siempre dentro del respeto a los derechos humanos.
El llamado que hacemos es por un país que necesita urgentemente más energía para mover su economía, para atraer inversión y para generar empleo. Como he insistido en un espacio que he impulsado en redes sociales: ¡Soluciones sí hay! Colombia no puede darse el lujo de paralizar su aparato productivo por miedo. No puede seguir permitiendo que grupos al margen de la ley condicionen el desarrollo de las regiones. Sin seguridad, no hay energía. Sin energía, no hay progreso. Y sin progreso, no hay futuro.
Deseamos y trabajamos por una Colombia de culturas y etnias, de regiones y comunidades diversas, pluriétnicas y multiculturales, que se reconozca, se acepte y nos incluya a todos como parte integral de la trama y la urdimbre de la Nación
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