Desde enero, a pagar más por licores con mayor grado de alcohol

La Ley 1816 de 2016, que no estuvo exenta de polémica en su accidentado trámite en el Congreso, supone un revolcón en la formación del precio de productos con más de 15 grados de alcohol a 20 grados centígrados de temperatura, y que se obtengan por destilación de bebidas fermentadas, maceradas o resultado de mezclas de alcohol o aguardientes.

Así las cosas, a partir de 2017 los licores nacionales e importados más costosos pagarán más impuestos, al tener en cuenta como componentes del gravamen dos aspectos: los grados de alcohol y el precio final del licor.

“La tarifa del componente basado en los grados alcoholimétricos para licores destilados como el güisqui será de 220 pesos por cada grado de alcohol y para los vinos será de 150 pesos por cada grado. Y el componente basado en el precio final del producto (ad valorem), será del 25 % sobre ese precio para los primeros y del 20 % para los vinos”, explicó un reporte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

A ese impuesto al consumo se sumará el pago de una tarifa de impuesto a las ventas (IVA) del 5 % sobre el valor total del producto. Esta medida permitirá a las licoreras departamentales descontar el IVA que pagan por los insumos que necesitan.

En ese sentido, una botella de aguardiente, que usualmente tiene 29 grados de alcohol, pagaría un impuesto de licores de 6.380 pesos, a razón de 220 pesos por cada grado.

A eso se suma un impuesto ad valorem que sería de 6.100 pesos, según el precio promedio actual de un supermercado en Medellín de 24.400 pesos. Y se añade el IVA del 5 %, que son 1.220 pesos más.

Al final de cuentas, esa botella subiría hasta costar unos 28.350 pesos. Ahora, eso depende de las estrategias comerciales del productor y de si está dispuesto a reducir su rentabilidad y no trasladar todo el impacto final al comprador.

Para este y otro tipo de licores, los precios finales están supeditados a las especificaciones de cada contrato comercial que hagan entre administraciones departamentales para permitir la apertura de fronteras en la venta de distintos productos.

EFECTOS DE LA LEY

“¿Qué pasará con los números de las licoreras? Habrá que ver cómo se comporta el consumo frente al alza de precios, porque subirán los precios. Lo otro es que como los impuestos van todos para los departamentos, en el caso de Antioquia habrá más ingresos. Está por verse lo que suceda con la utilidad industrial de las licoreras”, comentó a este diario recientemente Iván Correa Calderón, gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA).

Según el director de la Federación Nacional de Departamentos, Amylkar Acosta, por concepto de impuestos a las bebidas alcohólicas se recaudan 1,2 billones de pesos anuales y la nueva ley incrementará en unos 400 mil millones de pesos esa renta de las gobernaciones dirigida a financiar salud, educación y deporte.

Entre tanto, los fabricantes de aguardiente, como la FLA, quedaron protegidos en la nueva ley con una salvaguardia que podrán activar las administraciones departamentales para prohibir que otros productores de este licor, nacionales o extranjeros, ingresen a sus mercados naturales.

Con todo, la norma se convierte en un mayor costo final de los consumidores, pero el Gobierno ha insistido que es una manera reducir el consumo de productos nocivos para la salud y busca aumentar los impuestos que reciben las gobernaciones de los licores nacionales e importados.

Al respecto, la viceministra de Hacienda, Ximena Cadena, manifestó en octubre, cuando se superó el trámite legislativo: “es importante que los productos importados, que son los más costosos, paguen más impuestos que los productos nacionales. La ley busca generar mayor equidad en el sistema, para que el producto más caro pague más y el barato pague menos”.

En todo caso, desde la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), su presidente, Guillermo Botero, ha alertado que esta ley no solo aumenta los precios, sino que estimula el contrabando y afecta a comercializadores legales.

Según informó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de ahora en adelante, serán las asambleas departamentales las que autoricen la explotación directa o indirecta de la producción e introducción de licores destilados en cada mercado regional.