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Nuevo puente Chirajara
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La concesionaria señaló que tuvo un costo de $96.000 millones y fue financiada 100% con recursos de la misma empresa
Coviandes, la concesionaria vial responsable del diseño, construcción y operación de la vía Bogotá-Villavicencio, dio a conocer un balance sobre el nuevo puente Chirajara. Esta es una obra de infraestructura reconstruida tras el colapso de la estructura anterior en enero de 2018. La nueva construcción fue finalizada a principios de 2024.
Frente a esta nueva obra, Coviandes señaló que tuvo un costo de $96.000 millones y fue financiada 100% con recursos propios de la concesionaria. La construcción del nuevo puente finalizó el 4 de febrero de 2024. El puente se encuentra técnicamente aprobado y recibido por la interventoría del proyecto desde el 26 de febrero de 2024.
¿Por qué aún no se ha puesto en servicio? Coviandes explicó que está pendiente la recuperación de los tramos afectados por las inestabilidades de la ladera del Kilómetro 58, que afectaron el Túnel 13 y la Quebrada Seca, cuya solución corresponde a decisiones y ejecuciones de la ANI, según Laudo arbitral del 10 de noviembre de 2024.
La concesionaria también señaló que las obras de recuperación son necesarias porque no solo permitirán poner en servicio el viaducto de Chirajara, sino los cinco túneles (T12, T13, T14, T15 y T16) que hacen parte del sector Quebrada Blanca – Chirajara con una longitud de 5,6 kilómetros.
Ahora, para la ejecución de obras en la ladera del kilómetro 58, la reconstrucción del Túnel 13 y la construcción de un túnel falso sobre la Quebrada Seca, bien sea a través de Coviandes o de un contratista al que el Estado adjudique su construcción, la ANI debe gestionar recursos por un valor estimado de $300.000 millones, sin que a la fecha se conozca el trámite para dicha disponibilidad presupuestal.
En todo caso, en el fondo de contingencias para zonas inestables del contrato 444 de 1994, la ANI cuenta desde hace varios años con $68.000 millones, recursos que, argumenta Coviandes, dicha entidad no ha dispuesto debido a trámites internos de la ANI.
Según comentaron ambos organismos, el consenso fue el resultado directo de múltiples conversaciones, un proceso de concertación que requirió el desarrollo de más de 990 espacios de reunión
Alejandro Castañeda advirtió que la medida podría poner en riesgo la prestación del servicio para 1,3 millones de hogares en Atlántico, Magdalena y La Guajira
La entidad también supervisará la infraestructura del sistema de abastecimiento de agua de la ciudad, el nivel de los embalses
