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Un informe de la entidad dice que un aumento del mínimo por encima de la fórmula de inflación más productividad, traería alzas en IPC, tasas y gasto público
La agenda de fin de año trae una de las discusiones más relevantes para la economía y la sociedad colombiana, el ajuste del salario mínimo para el año entrante, y aunque la decisión final llegará a más tardar el último día del año, la deliberación empieza a formarse desde ya: en una esquina los trabajadores reclaman “lo que les deben” con un aumento de 38,5%; y desde otra, surgen análisis como los de Corfi, que piden ceñirse a la regla técnica, con un aumento de 8%, e incluso evaluar propuestas como la diferenciación regional del salario mínimo.
César Pabón, director ejecutivo de investigaciones económicas de Corficolombiana, aseguró que “el ajuste debe responder a criterios técnicos que permitan proteger el poder adquisitivo de los trabajadores sin generar desequilibrios macroeconómicos.

Con una inflación proyectada de 6,8% para el cierre de 2026 y un crecimiento de la productividad total de los factores de 1,2%, estimamos que el incremento técnicamente deseable para 2027 sería de 8%”.
El análisis de Corfi también pone sobre la mesa una propuesta poco explorada en Colombia, pero presente en varias economías: conciliar la protección de los ingresos con las diferencias regionales de productividad y costo de vida, con propuestas como la diferenciación regional del salario mínimo, esto “con el fin de avanzar hacia un esquema que responda mejor a las realidades del mercado laboral colombiano y favorezca la generación de empleo formal”, apuntaron los analistas.
"En este sentido, propuestas como la diferenciación regional del salario mínimo merecen formar parte de la discusión, con el fin de avanzar hacia un esquema que responda mejor a las realidades del mercado laboral colombiano y favorezca la generación de empleo formal", dice el informe de Corfi.
Colombia ya tuvo en los años 60 salarios mínimos por departamentos y zonas rurales, y en 1972 se dio por sectores y por tamaño de empresas y fue a partir de1983 que se unificó en todo el país.
En cuanto a la discusión actual, para Pabón, un aumento muy alejado del cálculo técnico, como el de 38,5%, profundizaría los desequilibrios observados durante 2026. Entre las consecuencias de no regirse a la regla, el analista advierte de un aumento en costos laborales y presiones de indexación que terminarían dificultando encaminar la inflación hacia la meta del Banco de la República; en efecto, el Emisor podría mantener las tasas de interés elevadas o incrementarlas, encareciendo el crédito, frenando la inversión y el consumo.
En materia laboral, los costos de contratación formal aumentarían y pondrían en riesgo la generación de empleo, especialmente para trabajadores de menos productividad.
Estado también se vería afectado, con un aumento del gasto público asociado a pensiones y remuneraciones del sector, presionando el déficit fiscal.
Hernando Zuleta, decano de Economía de Los Andes, también sugirió regirse por lo técnico frente al cálculo del aumento, el “salario mínimo debería ajustarse estrictamente por la regla técnica de inflación más productividad, lo ideal sería que siempre se ajustara por el crecimiento del PIB nominal, es una regla sencilla, fácil de seguir”, anotó.
Para los analistas, los aumentos fuera de esta regla han presionado la inflación; tan solo en 2026, el aumento de 23% fue el principal detonante de un nuevo ciclo inflacionario sin paralelo en la región. Estimaciones de Corfi apuntan a que ese incrementó explicó 63 pbs, 53%, de la aceleración de la inflación entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026, al pasar de 5,09% a 6,29%. Sin estos incrementos desproporcionados, la inflación ya podría estar en la meta del Emisor de 2% a 4%, explicaron.
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